Colombia busca blindar su campo: semillas legales y certificadas para asegurar el futuro agrícola
El país apuesta por fortalecer la legalidad y la innovación en el uso de semillas, clave para aumentar la productividad, proteger la sanidad vegetal y garantizar la seguridad alimentaria.
En medio de los desafíos del cambio climático, las nuevas plagas y la presión sobre los recursos naturales, Colombia avanza hacia una estrategia que busca proteger la base de su producción agropecuaria: la semilla.
Desde la Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología (Acosemillas) se impulsa un llamado a fortalecer el uso de semillas certificadas y autorizadas, una medida que, aseguran, es esencial para el desarrollo sostenible del agro y para la soberanía alimentaria del país.
"Sin semillas legales y de calidad, adaptadas a nuestras realidades regionales, no hay productividad ni seguridad alimentaria", señalaron desde la organización, al presentar una hoja de ruta que busca cerrar la brecha entre innovación y acceso, especialmente para los pequeños productores.
Actualmente, Colombia cuenta con solo 15 cultivos con semillas certificadas y más de 1.000 especies clasificadas como seleccionadas, entre ellas hortalizas, flores, aromáticas y forestales. Sin embargo, aún persiste una baja adopción de semillas autorizadas en varios rubros agrícolas, lo que limita la competitividad frente a otros países de la región.
Brecha tecnológica, informalidad y desafíos del clima
Según datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el uso de semillas certificadas varía ampliamente según el cultivo. En maíz y algodón, la adopción supera el 80 %, pero en papa, arroz y soya los niveles caen drásticamente.
Solo el 10 % de las 109.000 hectáreas de papa se siembran con semillas certificadas, mientras que en soya el uso es del 12 % y en arroz, del 22 %. Estas cifras contrastan con las del maíz tecnificado, que alcanza un 95 % de adopción, y reflejan una profunda desigualdad tecnológica entre regiones y sistemas productivos.
El sector semillero colombiano tiene, no obstante, un fuerte componente nacional: alrededor del 85 % de las semillas certificadas se producen en el país, mientras que el 15 % restante corresponde a variedades importadas, principalmente híbridos o materiales especializados que aún no se desarrollan localmente.
Este equilibrio entre producción local e importación resulta estratégico para mantener la soberanía alimentaria y reducir la dependencia externa, especialmente en contextos de crisis climática y volatilidad internacional.
Desde Acosemillas advierten que la piratería y el uso ilegal de semillas continúan siendo uno de los principales problemas del sector. La venta de material de origen desconocido no solo afecta la productividad, sino que compromete la sanidad vegetal y genera pérdidas irreversibles. "La informalidad no puede seguir siendo la norma", subrayan desde el gremio, que insiste en la necesidad de combatir la falsificación y promover la trazabilidad en toda la cadena.
La entidad también enfatiza que los efectos del cambio climático -como las sequías prolongadas, las lluvias extremas o la aparición de nuevas plagas- están reescribiendo las reglas del juego agrícola. Frente a esto, la única respuesta viable es acelerar el desarrollo de variedades resilientes, capaces de adaptarse a condiciones cada vez más variables.
Para lograrlo, el país necesita mayor inversión en investigación, incentivos a la innovación y una legislación moderna y estable. La falta de protección a la propiedad intelectual y la debilidad institucional en la vigilancia de semillas siguen limitando la competitividad del sector.
"El desarrollo agrícola no puede frenarse por vacíos normativos o por falta de apoyo técnico", sostienen desde la asociación.
Acosemillas propone un plan estratégico nacional basado en tres ejes:
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Ampliar el acceso a la innovación y democratizar el uso de semillas certificadas y biotecnológicas.
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Fortalecer la legalidad y la transparencia en la producción y comercialización.
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Articular al Estado, la academia y el sector privado para impulsar la inversión, proteger el conocimiento y capacitar a los agricultores.
El ICA también exhortó a los productores a comprar semillas solo en establecimientos registrados oficialmente y a consultar las resoluciones que fijan las fechas de venta y siembra autorizadas, una medida clave para evitar pérdidas y garantizar la trazabilidad.
De acuerdo con los técnicos, el uso de semillas autorizadas y mejoradas puede aumentar los rendimientos, mejorar la resistencia a enfermedades y optimizar el uso de recursos como el agua y los fertilizantes.
Con la implementación de estas prácticas, el país podría superar los niveles de producción de 2024 y dar un paso decisivo hacia una agricultura más productiva, resiliente y sostenible.
El modelo de coexistencia de semillas, promovido por el gremio, busca integrar en un mismo sistema las variedades nativas y criollas -por su resistencia local- con las mejoradas e híbridas, de alto rendimiento, garantizando así la diversidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria de las familias rurales.
Colombia, con su diversidad de suelos, climas y ecosistemas, tiene las condiciones para convertirse en un referente regional en producción agraria sostenible, siempre que logre consolidar un sistema de semillas moderno, legal y accesible para todos los productores.