El mercado de tractores en México atraviesa una etapa de fuerte expansión. En los últimos cuatro años, la demanda creció 21,49 %, impulsada por el aumento de la mecanización agrícola y la disponibilidad de nuevos equipos importados. No obstante, casi el 50 % de las unidades proviene de China y no existe certeza sobre el cumplimiento de estándares de calidad o seguridad, lo que genera preocupación en el sector.

De acuerdo con el Censo Agropecuario 2023, el parque vehicular de tractores de propiedad de las unidades de producción pasó de 238.248 unidades en 2007 a 473.195 en 2022, un crecimiento del 98,6 % en quince años. Este avance refleja el esfuerzo por modernizar el campo, pero también revela las brechas tecnológicas y regulatorias que enfrenta México en materia de maquinaria agrícola.

El Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA), dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), es la entidad encargada de evaluar y certificar la calidad y el desempeño de la maquinaria agrícola en función de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX). Sin embargo, la certificación no es obligatoria en todos los casos, lo que ha permitido la entrada de equipos sin verificaciones de seguridad ni desempeño.

Aunque existen normas nacionales aplicables, su adopción es voluntaria y su actualización ha sido esporádica. En consecuencia, muchos tractores se comercializan sin estructuras de protección estandarizadas, lo que eleva el riesgo de accidentes por volcaduras. A nivel internacional, la Unión Europea exige 62 criterios de seguridad obligatorios para tractores, mientras que México solo cuenta con dos normas, una de ellas (NOM-007-STPS-2000) de aplicación limitada y otra (NMX-O-181-SCFI-2016) no obligatoria.

La ausencia de un marco normativo robusto ha generado desigualdad de condiciones entre fabricantes y distribuidores, ya que al menos 20 empresas importan tractores sin certificación de OCIMA, muchas de ellas ofreciendo garantías parciales y servicios posventa no verificados. Entre 2009 y 2013, tres marcas chinas llegaron a contar con certificación oficial, pero abandonaron el proceso al no cumplir sostenidamente los requisitos técnicos.

El auge del mercado también está relacionado con la política pública. Hasta 2018, programas como "Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola" incentivaban la compra de maquinaria con subsidios y financiamiento condicionado a la certificación OCIMA. Hoy, la iniciativa "Cosechando Soberanía" busca impulsar la autosuficiencia alimentaria mediante créditos, acompañamiento técnico y seguros, aunque sin un esquema obligatorio de certificación.

Según Research and Markets (2025), el valor del mercado mexicano de tractores agrícolas pasará de 1.040 millones de dólares en 2024 a 1.740 millones en 2033, con una tasa de crecimiento anual del 5,81 %. Este escenario convierte a México en un destino atractivo para fabricantes internacionales, pero también exige garantizar la calidad y seguridad de los equipos que se comercializan.

Los especialistas coinciden en que el país posee la infraestructura técnica e institucional necesaria -como el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA)- para desarrollar un sistema de certificación más eficaz. No obstante, se requiere fortalecer el marco legal y hacerlo obligatorio, con el fin de establecer igualdad de condiciones, elevar la calidad del parque de maquinaria y proteger a los productores agrícolas.