Una nueva era en el cielo guatemalteco

El uso de drones en Guatemala dejará de estar en un limbo normativo. Con más de 3.200 dispositivos operativos en el país, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que ya está en marcha una nueva normativa que regulará con mayor rigor la operación de estos sistemas aéreos no tripulados. El cambio marcará un antes y un después para usuarios recreativos, comerciales, institucionales y del sector agropecuario, tanto nacionales como extranjeros.

El 4 de agosto, la DGAC anunció que los tres primeros inspectores de drones y licencias han finalizado el curso oficial de piloto de drones, el cual será requisito para optar al futuro Certificado de Piloto de Dron (CPD). Este documento se convertirá en el instrumento obligatorio para todas las personas que deseen operar legalmente drones en territorio guatemalteco, una vez que la norma entre en vigor.

La medida representa un paso significativo hacia la profesionalización del sector y el fortalecimiento de la seguridad aérea, en un contexto en el que los drones ya se utilizan ampliamente en actividades agrícolas, topográficas, industriales, de seguridad y producción audiovisual.

Un agro que también deberá adaptarse

El sector agropecuario guatemalteco ha sido uno de los principales adoptantes de esta tecnología, especialmente en la agricultura de precisión, el monitoreo de cultivos, la aplicación de fertilizantes y fitosanitarios, el control de plagas, y el levantamiento de información geoespacial. Productores de caña, banano, café, palma, hortalizas y granos básicos han incorporado drones en sus sistemas de gestión agrícola en los últimos años.

Con la nueva normativa, los operarios rurales también deberán cumplir con requisitos técnicos, como la obtención del CPD y el registro formal de los equipos ante la DGAC. Esto implicará una profesionalización forzada del uso agrícola de los drones, pero también podría abrir nuevas oportunidades para servicios tercerizados, cooperativas tecnificadas y programas de financiamiento de drones agrícolas con respaldo normativo.

Desde organizaciones del agro ya se discute la necesidad de que la normativa contemple las particularidades del uso rural, como las zonas con baja conectividad, la operación en extensiones de terreno privadas y la necesidad de formación técnica específica adaptada a pequeños productores.

Certificación, fiscalización y control: lo que se viene

La nueva normativa exigirá a los usuarios de drones el cumplimiento de una serie de requisitos técnicos y legales. Según adelantó la DGAC, entre los principales elementos de la regulación se incluyen:

• Registro obligatorio del dron ante la autoridad aeronáutica

• Permiso específico de operación, dependiendo del uso (recreativo, comercial, agropecuario, institucional)

• Licencia individual del operador (Certificado de Piloto de Dron - CPD), que solo se emitirá tras la evaluación oficial

• Cumplimiento de rutas, zonas autorizadas, altura y distancia en operaciones

• Seguros y responsabilidades civiles para determinadas actividades de riesgo

Se espera que los drones aplicados a tareas agrícolas estén regulados como categoría operativa especializada, dada la baja densidad poblacional en sus áreas de trabajo, aunque igual deberán estar identificados y cumplir protocolos mínimos de seguridad.

¿Qué rige hoy y por qué se necesita una nueva regulación?

Actualmente, el uso de drones en Guatemala está regulado por la Regulación de Aviación Civil 101, emitida en julio de 2013, que se basa en la Ley de Aviación Civil (Decreto 93-2000). Sin embargo, el crecimiento exponencial de la tecnología -particularmente en el agro- ha desbordado este marco legal.

Con drones que hoy realizan desde mapas NDVI hasta monitoreo de ganado por infrarrojo, la DGAC busca con esta nueva norma ordenar, profesionalizar y garantizar la seguridad operativa de una tecnología que ya es transversal a múltiples sectores.

Un horizonte de oportunidades si se implementa bien

Si bien el sector agropecuario enfrenta el desafío de adaptarse, también podría ser uno de los grandes beneficiados si la norma promueve un entorno claro, estable y tecnológicamente inclusivo. Productores podrían acceder a mejores servicios, financiamiento, asistencia técnica e integración con plataformas satelitales o meteorológicas, si se reconoce el rol estratégico de los drones en la modernización del agro. Esto pondrá en regla el suelo donde se produce.