El presidente Gustavo Petro fue el primero en dejar claras sus intenciones para el salario mínimo en Colombia en 2026. En su intervención ante el Congreso, afirmó que su gobierno estudiará un incremento sustancial del salario mínimo, como parte de su último año de mandato, con el objetivo de fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.

"Aprovecharemos este último año para avanzar en un ajuste que beneficie directamente a millones de colombianos", declaró Petro, subrayando que la economía del país tiene las condiciones para respaldar esta medida.

El debate se enciende entre el Gobierno, empresarios y el Banco de la República. Mientras el ejecutivo defiende el salario como herramienta redistributiva y de valor, los gremios empresariales advierten que este tipo de ajustes encarece los costos laborales y puede frenar la generación de empleo formal.

Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la medida se justifica en que "las mejoras en los ingresos laborales han contribuido a reducir la pobreza". En su análisis, mantener una política de "incremento real del salario mínimo" es coherente con las metas inflacionarias previstas (3,2 % en 2026).

Para el sector agropecuario colombiano, esta discusión tiene una relevancia singular. Cerca del 40 % de los trabajadores formales del agro ganan el salario mínimo, según cifras oficiales. En regiones rurales, este ingreso representa la línea base del consumo, la producción y la estabilidad social. Un aumento podría traducirse en mayor circulación de dinero en economías locales, pero también presionar márgenes de productores de pequeña escala.

Adicionalmente, el agro enfrenta retos de productividad, informalidad laboral y tecnología rezagada. Si bien una mejora en los ingresos podría incentivar la formalización y tecnificación, también exige políticas de financiamiento, asistencia técnica y acceso a mercados para compensar los mayores costos laborales.

Organismos multilaterales como el IICA y la FAO han insistido en que la justicia salarial en el campo es un componente esencial para garantizar seguridad alimentaria, sustentabilidad y competitividad agroexportadora. Sin embargo, se requiere un abordaje integral que articule salario, productividad, logística y acceso a tecnologías.

En conclusión, el ajuste del salario mínimo en Colombia para 2026 promete ser uno de los temas económicos más debatidos del año. Para el agro colombiano, este escenario es una oportunidad para repensar estrategias de resiliencia rural, formalización del empleo y agregación de valor. El desafío está en acompañar las alzas salariales con transformaciones estructurales que impulsen la competitividad del campo colombiano en el contexto regional y global.