La orden del presidente Gustavo Petro de dar por terminado el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel) reavivó el debate sobre los límites legales de la diplomacia económica en Colombia. Mientras la Casa de Nariño sostiene que la decisión responde a motivos humanitarios y de política exterior, los analistas coinciden en que se trata de una manifestación política sin efectos inmediatos, ya que el mandatario no cuenta con las facultades necesarias para anular un tratado aprobado por ley y ratificado por la Corte Constitucional.

El anuncio se produjo luego de la detención de dos ciudadanas colombianas que integraban una misión humanitaria en Gaza, episodio que llevó al presidente a ordenar la salida inmediata de la delegación diplomática israelí del país. Desde el Palacio Presidencial, Petro calificó el hecho como un "crimen internacional" y afirmó que "la continuidad de las relaciones con Israel resulta incompatible con los principios del derecho internacional".

Sin embargo, la realidad jurídica es más compleja. Según Germán Machado, economista de la Universidad de los Andes y exasesor de los ministerios de Hacienda y Comercio, "no hay la menor posibilidad de que Petro lo haga. Es una bravuconada sin fundamento legal. El TLC con Israel es un contrato protegido por ley, aprobado por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional".

El experto explicó que un país puede denunciar o modificar un tratado comercial, pero el proceso requiere mutuo acuerdo entre los Estados y debe seguir los canales diplomáticos y legislativos que el propio tratado establece. Esa interpretación es compartida por José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, quien subrayó que "el acuerdo solo puede darse por terminado si el Congreso lo aprueba. En cualquier caso, aun si se iniciara el trámite, el tratado seguiría vigente por al menos seis meses más".

Comercio estable, pero con bajo aprovechamiento

El debate ocurre en un contexto donde el intercambio comercial entre Colombia e Israel muestra cifras modestas en comparación con otros socios estratégicos. Según un análisis de Analdex, el acuerdo ha sido persistentemente superavitario para Colombia, pero con una tendencia descendente desde 2015. Las exportaciones, que tuvieron picos relevantes en 2011 y 2014, se contrajeron tras ese año, con repuntes puntuales en 2018 y 2022, cuando alcanzaron más de US$1.000 millones impulsadas por los altos precios internacionales del carbón y otras materias primas.

En 2024, las ventas externas a Israel sumaron apenas US$273 millones, ubicando al país en las últimas posiciones entre los destinos con tratado comercial, muy por debajo de Estados Unidos, la Unión Europea o la Comunidad Andina (CAN). Además, el flujo cayó 45 % interanual, lo que evidencia un aprovechamiento limitado del acuerdo.

Por el lado de las importaciones, los volúmenes provenientes de Israel se han mantenido bajos y estables, superando los US$200 millones solo en 2009, 2010 y 2014, lo que permitió a Colombia conservar una balanza positiva. Sin embargo, entre 2022 y 2024 el superávit comercial se redujo 80,7 %, situándose en US$175 millones, un nivel que no se veía desde 2016.

El informe de Analdex también destaca que la diversificación exportadora hacia ese destino es mínima: en 2024, Colombia exportó solo 47 subpartidas arancelarias, 16 menos que el año anterior, lo que supone una reducción del 25 %. En contraste, mercados como México, Chile o el Mercosur registraron incrementos notables en su canasta exportadora durante el mismo periodo.

En ese marco, los gremios empresariales sostienen que el TLC con Israel no ha sido determinante dentro de la estrategia comercial colombiana, pero sí representa un canal de inversión y cooperación tecnológica que no conviene interrumpir por razones diplomáticas coyunturales. "Esperamos que esta decisión no pase de una manifestación presidencial", afirmó Javier Díaz, presidente de Analdex, quien advirtió que el daño reputacional de una denuncia precipitada podría ser mayor que su impacto económico directo.

Para el sector privado, el caso refleja un patrón más amplio: las tensiones geopolíticas y los pronunciamientos ideológicos no pueden alterar la arquitectura legal del comercio exterior sin afectar la confianza de los socios internacionales. En un escenario donde las exportaciones totales de Colombia muestran volatilidad, mantener certidumbre jurídica y estabilidad en los acuerdos es esencial para atraer inversión y sostener los flujos de comercio.

En definitiva, más allá del gesto político, la denuncia del TLC con Israel carece de viabilidad práctica en el corto plazo. Cualquier modificación requiere el respaldo del Congreso y un proceso formal de cancelación o renegociación bilateral, lo que excede los diez meses que restan al actual gobierno. Mientras tanto, el tratado seguirá vigente y las relaciones económicas entre ambos países continuarán, aunque bajo la sombra de un clima político tenso que podría condicionar futuras negociaciones comerciales de Colombia con otros socios del Medio Oriente.