La crisis económica que atraviesa Venezuela no sólo se refleja en los bolsillos de los consumidores, sino también en el campo, donde miles de productores ven cómo la demanda de frutas y hortalizas se desploma. Con un poder adquisitivo deteriorado, las familias priorizan alimentos más baratos y de mayor duración, dejando de lado productos perecederos como el durazno, el pepino o la berenjena.

En zonas tradicionalmente productoras como El Jarillo, San Pedro de los Altos (Miranda), la Colonia Tovar (Aragua) y Bajo Seco (La Guaira), agricultores reportan caídas en las ventas de hasta un 80% en algunos rubros. "Antes un productor podía colocar 100 kilos semanales de frutas u hortalizas a un supermercado; hoy con suerte llega a vender la mitad. Y cuando lo hace, debe esperar hasta seis meses para cobrar", relatan desde el sector.

El problema no se limita a la baja en las compras: los altos costos de insumos, el encarecimiento del transporte y las dificultades para acceder a semillas o fertilizantes golpean de lleno la rentabilidad. A ello se suman fenómenos climáticos que alteran los ciclos productivos y provocan pérdidas, en un contexto de mínima cobertura de seguros y escaso respaldo financiero.

Un campo en retroceso y sin financiamiento

Uno de los mayores desafíos es la falta de acceso a crédito. Especialistas del sector calculan que serían necesarios al menos 1.500 millones de dólares anuales para financiar la producción agrícola en todo el país. Sin ese capital, muchos pequeños y medianos productores -que representan alrededor del 80% de la agricultura nacional- se ven obligados a reducir su escala, abandonar cultivos o dedicarse a otras actividades.

El contrabando agrava el panorama. El ingreso de papas, hortalizas y otros productos desde Colombia a precios más bajos que los nacionales ha desplomado los valores en las zonas productoras. En los Andes, por ejemplo, un saco de 50 kilos de papas que el año pasado se vendía a 35 dólares, hoy apenas alcanza los 15, lo que hace inviable cubrir los costos de producción.

El impacto es doble: los agricultores pierden ingresos y el mercado interno se inunda de productos importados, reduciendo aún más el espacio para la producción local.

Propuestas para revertir la tendencia

Frente a este escenario, asociaciones de productores plantean la necesidad de implementar esquemas de siembra por contrato que permitan fijar precios antes de iniciar la producción, garantizando un margen justo para los agricultores y estabilidad para los compradores. También solicitan políticas efectivas contra el contrabando, programas de financiamiento accesible y mejoras en la infraestructura rural, que en muchas zonas está colapsada.

Los voceros coinciden en que Venezuela tiene capacidad para abastecer la totalidad del mercado interno de frutas y hortalizas -con excepción de cultivos como trigo o ciertos aceites- si se aplican las medidas adecuadas. Esto requiere no sólo inversión, sino también una estrategia integral que vincule al Estado, al sector privado y a las comunidades rurales.

El activo más valioso, subrayan, sigue siendo la gente del campo. "En todas las regiones hay productores que han decidido quedarse, trabajando con pasión por la tierra y generando arraigo en sus comunidades. Pero sin un cambio que mejore el poder adquisitivo y proteja la producción nacional, será cada vez más difícil sostener esa vocación", advierten.

En un país donde el acceso a alimentos frescos es esencial para la seguridad alimentaria, el deterioro del sector agrícola representa un riesgo creciente. Los agricultores insisten en que, con las condiciones adecuadas, el campo venezolano puede ser motor de desarrollo, fuente de empleo y garante de alimentos para millones de personas. Sin embargo, la ventana de tiempo para actuar se acorta, y la urgencia de medidas concretas es cada vez mayor.