El aumento de casi el 4 % del mínimo legal -de $510.636 a $529.000- representa una herramienta para mejorar la calidad de vida en el ámbito rural, donde buena parte de los trabajadores ganan sueldos cercanos a ese piso. No obstante, el ajuste también puede implicar una presión adicional sobre los costos de producción, especialmente en pymes agrícolas y cooperativas, que emplean mano de obra intensiva. 

Presión sobre las micro y pequeñas explotaciones: El Banco Central estimó una caída del 4,8 % en el empleo formal en empresas que pagan el sueldo mínimo tras ajustes previos. En rubros agropecuarios, esto podría significar reducciones en los jornales contratados para cosecha, empaques o mantenimiento de predios. 

Impacto en el costo de la canasta regional: Los pequeños productores podrían trasladar parte del costo adicional a los precios, afectando la competitividad regional de exportaciones de frutas, hortalizas o lácteos. La logística de distribución -transporte a centros de consumo o puertos- también se encarece si los salarios suben. 

Migración hacia la informalidad: A nivel general, se ha observado una tendencia a subir empleo informal como respuesta a costos laborales altos. En zonas rurales, eso se traduce en subcontrataciones por fuera de la normativa, lo que debilita la trazabilidad y la integridad de la cadena productiva. 

Balance de sostenibilidad y resiliencia 

Este ajuste salarial tiene un doble filo. Por un lado, mejora la resiliencia social en las comunidades rurales, permite a las familias agropecuarias acceder a mayor liquidez -beneficiando seguridad alimentaria y fortaleciendo el poder adquisitivo-. Por otro, las explotaciones de menor escala enfrentarán mayores desafíos para mantener márgenes, en un contexto donde ya existen barreras no arancelarias, costos logísticos, y demandas de trazabilidad y certificaciones fitosanitarias. 

Estos requisitos incrementan la presión sobre productores que ya operan con costos elevados. 

El mayor costo de mano de obra se suma a otras variables como variabilidad climática, altos fletes, y exigencias de valor agregado (como empaques, etiquetado). 

¿Qué estrategias pueden adoptar los agroexportadores? 

•  Invertir en tecnificación: Sustitución o complemento de jornales por maquinaria agrícola, sensores y agricultura digital para optimizar productividad. 
• Buscar apoyos estatales o multilaterales: La OMC, FAO, BID, IICA o CEPA pueden canalizar financiamiento o subsidios a pymes que implementen mejoras de eficiencia. 
• Diversificación de mercados: Ampliar destinos de exportación a países con menor presión de costos o mayor valoración del origen y sostenibilidad. 
• Certificaciones de sostenibilidad: El acceso a mercados premium puede compensar el alza salarial si se integran propuestas con menor huella hídrica y justicia social para trabajadores rurales.

¿Qué dice la institucionalidad alrededor?

En el Congreso y en el gobierno, este movimiento refleja la tensión entre diálogo social y control de gasto público: 

Si bien se acordó mantener un Observatorio tripartito de costo de vida, el Congreso aprobó su existencia sin financiamiento para 2025. 

El gobierno y la CUT justificaron que el aumento es parte de una estrategia gradual hacia mejores salarios reales (meta de $539.000 en enero 2026). 

Sin embargo, gremios empresariales y entidades financieras alertan sobre los impactos en el empleo, el tejido productivo y la competitividad, especialmente en sectores como pymes y agropecuario.