Los recientes ataques entre Israel e Irán, sumados a la persistente inestabilidad en Ucrania, volvieron a poner presión sobre los mercados energéticos y agrícolas globales. El aumento en el precio del petróleo ya está teniendo un efecto directo sobre los costos de flete e insumos como los fertilizantes, que dependen en gran medida de la energía fósil para su producción.

A esto se suma una señal positiva desde Estados Unidos: la Agencia de Protección Ambiental (EPA) elevó los niveles obligatorios de mezcla de biodiésel hasta el año 2027. Esta medida impulsa el uso de aceite de soja en la producción energética y genera expectativas alcistas sobre la cotización del poroto en el mercado de Chicago.

Por otro lado, el último reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ajustó a la baja la superficie de siembra de soja y aumentó la de maíz, lo que genera especulaciones sobre los balances finales de oferta y demanda global. Este combo de tensiones y ajustes eleva la volatilidad de los precios internacionales, creando un clima de inestabilidad que complica la planificación en países productores como Argentina.

En este marco, la posición del agro argentino queda especialmente expuesta: si aumentan las cosechas en el hemisferio norte, los precios pueden descender; si la crisis geopolítica escala, los insumos claves se encarecen aún más. En ambos casos, el productor local sufre las consecuencias de variables que están completamente fuera de su control.

Incertidumbre interna: retenciones y medidas clave

Mientras el panorama global se torna incierto, en el plano doméstico las definiciones políticas siguen en suspenso. El punto de mayor tensión gira en torno a los Derechos de Exportación (DEX), más conocidos como retenciones, aplicables a cultivos clave como la soja, el maíz, el girasol y el sorgo.

En diciembre pasado, el Gobierno dispuso una baja transitoria en las alícuotas, vigente hasta el 30 de junio. Sin embargo, a pocos días del vencimiento de esa medida, no hay certezas sobre su continuidad. Entidades agropecuarias como Apronor, Sociedad Rural Argentina y productores autoconvocados han advertido que un regreso a niveles anteriores afectaría gravemente la rentabilidad del sector, especialmente en regiones alejadas de los puertos como el NOA y el NEA.

Un ejemplo contundente: en Entre Ríos, se estima que una eventual suba de retenciones generaría una pérdida de casi 1.000 millones de dólares en ingresos directos para el sector, equivalentes a 1,8 millones de terneros o la adquisición de cerca de 10.000 tractores. Esos números evidencian el impacto concreto que una decisión fiscal puede tener sobre toda la cadena agroindustrial.

Frente a este contexto, varios analistas coinciden en que prorrogar la baja de retenciones sería no solo razonable, sino estratégico. Enrique Erize, de la consultora Nóvitas, remarcó que al menos un mes adicional con retenciones reducidas permitiría dar aire al productor, que viene de una campaña con problemas climáticos y de una macroeconomía restrictiva en términos de acceso al crédito, costos logísticos y escasez de financiamiento.

La prórroga ayudaría también a acelerar las ventas, especialmente en un mercado en el que la incertidumbre cambiaria y la presión tributaria están generando postergaciones en la toma de decisiones comerciales. En este punto, la política fiscal puede funcionar como una herramienta de estímulo o freno, según la señal que emita el Gobierno.

Las retenciones no solo impactan al productor primario. Una medida fiscal de este tipo afecta a toda la cadena de valor del agro: acopiadores, cooperativas, empresas de insumos, logística y exportadores.

Desde el punto de vista técnico, la falta de certidumbre dificulta la planificación de la rotación de cultivos, la compra anticipada de agroquímicos, fertilizantes y semillas de alto valor genético. Además, genera obstáculos para la adopción de tecnología, un pilar clave para sostener la sustentabilidad y la productividad del modelo agrícola argentino.

La previsibilidad tributaria, en este sentido, es un factor decisivo para sostener la confianza y fomentar la inversión en prácticas como la siembra directa, el uso eficiente del agua y la agricultura de precisión.

Del mismo modo, la falta de reglas claras también impacta en la relación con los mercados internacionales. Las decisiones sobre el precio final de exportación, la logística portuaria y los acuerdos comerciales pueden verse afectadas por cambios abruptos en las condiciones internas.