La agricultura venezolana ha entrado en un momento clave de reestructuración. Después de una profunda contracción, el sector comenzó a mostrar signos de recuperación hacia 2021, apoyado en dos factores: una flexibilización de los controles de precios y una dolarización parcial de transacciones, lo que permitió mejorar la adquisición de insumos y equipos.

Sin embargo, detrás de este aparente avance persisten desafíos estructurales de gran envergadura. La escasez crónica de fertilizantes, semillas y pesticidas se mantiene como un cuello de botella, obstaculizando una producción confiable y eficiente. La falta de combustible y maquinaria moderna también limita la expansión productiva, especialmente en regiones rurales apartadas.

En este contexto, la dependencia histórica de las importaciones de alimentos refleja la debilidad interna del sistema. El modelo agroalimentario venezolano sigue marcado por el alto grado de integración con las importaciones de materias primas, fundamentalmente desde la década de 1970. Esto genera vulnerabilidad cuando los mercados externos se tensionan.

Además, la inseguridad rural y el contrabando conforman una amenaza constante contra los agricultores. Sin opciones seguras para almacenar o transportar sus cosechas, muchos productores enfrentan pérdidas o ven reducida su actividad. Ante esta realidad, la inversión en infraestructura y seguridad agraria aparece como un requerimiento urgente.

Hay oportunidades firmes para el campo. El levantamiento parcial de controles y la apertura a insumos permiten reactivar ciclos productivos, mientras que la demanda interna sigue alta. Sectores como maíz, arroz y hortalizas tienen potencial para abastecer el mercado nacional y reducir importaciones.

Otro punto a favor es el crecimiento de la agricultura familiar, responsable de una parte significativa del empleo rural. Sin embargo, esta modalidad requiere acceso a financiamiento, asistencia técnica y canales de comercialización para elevar su rendimiento y competitividad.

El uso de tecnología moderna, como la agricultura digital, biotecnología y manejo sostenible del agua, es necesario pero hoy aún incipiente. La transición agroecológica y la mejora de suelos podrían sostener una recuperación más robusta y sostenible.

De cara al futuro, la acción política se vuelve central: el Estado debe promover políticas que faciliten la inversión, el crédito rural, la infraestructura comercial y la generación de cadenas de valor. Sin estas condiciones, el campo podría caer en ciclos de crecimiento truncado.

Venezuela transita una fase de transición en la que confluyen un escenario de reactivación y un entramado de condiciones limitantes. El campo ha recuperado parte de su dinamismo, pero sólo un enfoque integral que combine acceso a recursos, respaldo institucional y modernización podrá transformar esta apertura en un crecimiento sostenible.