El sector agropecuario nacional enfrenta un escenario complejo en 2025, marcado por la reducción de la productividad, el impacto del cambio climático y la falta de políticas públicas eficaces. AgroLatam, advirtió que la producción total del país disminuirá a 282 millones de toneladas, lo que representa una caída de 12 millones respecto a 2022. Esta tendencia negativa rompe con más de tres décadas de crecimiento constante desde la firma del Tratado de Libre Comercio, hoy T-MEC, cuando se había logrado un avance del 94% en volumen agropecuario.

El sector de granos y oleaginosas, uno de los pilares de la seguridad alimentaria, registra una baja crítica. De una producción récord cercana a los 42 millones de toneladas hace tres años, se estima que para el cierre de 2025 apenas alcanzará las 34 millones. Esta situación posiciona a México como el segundo mayor importador mundial de estos insumos, con una proyección de hasta 50 millones de toneladas en compras del exterior. En el caso del maíz, cultivo emblemático del país, la producción nacional no logra cubrir la demanda interna: se estima una cosecha de 25 millones de toneladas, lo que obliga a importar cerca del 52% del consumo nacional, consolidando a México como el principal importador mundial por tercer año consecutivo.

El caso del maíz blanco no es mejor. Aunque la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ajustó sus estadísticas para evitar mostrar un déficit evidente, se han importado ya 650 mil toneladas hasta julio y se prevé cerrar el año con un millón de toneladas compradas. Esta dependencia externa contrasta con la histórica autosuficiencia del país en este cultivo esencial para la dieta básica.

En el ámbito pecuario, la producción de carne de res, leche, cerdo, pollo y huevo ronda los 26 millones de toneladas. Sin embargo, enfrenta desafíos como la propagación de enfermedades porcinas, que ha llevado a que más de la mitad del consumo nacional de carne de cerdo provenga del extranjero. La sequía ha impactado severamente al hato ganadero, reduciendo la producción de carne de res, a pesar de los altos precios internacionales. Además, la reaparición del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) suma presión al sector.

En contraste, las frutas y hortalizas mantienen un desempeño positivo, con una producción cercana a los 44 millones de toneladas, de las cuales 10 millones se exportan, principalmente a Estados Unidos, que representa el 90% del mercado. Si bien esta dinámica fortalece la balanza comercial agroalimentaria, también genera una fuerte dependencia de un solo socio comercial, lo que expone al sector a riesgos geopolíticos y a la presión de competidores internacionales.

El panorama en la agroindustria también muestra señales de alerta. El sector cañero, por ejemplo, enfrenta una caída de ingresos debido a la disminución de las cuotas de exportación de azúcar a Estados Unidos, sumado al contrabando conocido como "huachicol azucarero", que se ha incrementado en el sureste del país. Este fenómeno, junto con la entrada de productos bajo claves distintas para evitar aranceles, afecta la rentabilidad de los productores y erosiona la trazabilidad en la cadena de valor.

AgroLatam subraya que la salida a esta crisis estructural no puede limitarse a precios de garantía ni a programas asistenciales. Propone una reorientación profunda de las políticas públicas hacia la innovación, la tecnificación del campo, el acceso a crédito rural y el fortalecimiento de esquemas de agricultura por contrato o de ingreso objetivo, que otorguen certidumbre a los productores ante la volatilidad de los precios de commodities.  Es crucial incluir también a los productores medianos y grandes, quienes generan la mayor parte de los volúmenes comercializables y hoy ven mermados sus ingresos sin mecanismos de protección efectivos.

El diagnóstico es claro: la falta de incentivos, la mala orientación de los recursos públicos y los efectos acumulados de fenómenos climáticos extremos están afectando la rentabilidad del campo mexicano. Las señales de alarma no son nuevas, pero se intensifican en un momento en que se requiere una visión integral, con enfoque regional, participación del sector privado y un marco de política agroalimentaria que combine productividad, sustentabilidad y competitividad en beneficio de toda la cadena de valor agropecuaria.