A partir del 1 de mayo, más de 12.500 contribuyentes de Mendoza quedaron excluidos del régimen de retenciones Sircreb, una herramienta utilizada por las provincias para adelantar el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a través de acreditaciones bancarias. La medida, oficializada por la Resolución Nº 29 de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), fue anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo y representa un cambio sustancial en la política fiscal provincial.
La decisión alcanza a aquellos contribuyentes locales que han demostrado cumplimiento sostenido en sus obligaciones fiscales. Según explicó el mandatario, se trata de un paso en dirección a "desarmar distorsiones" que, en su visión, se arrastran desde hace más de una década.
El Sircreb (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias) ha sido cuestionado por empresas y cámaras empresarias debido a que genera, en muchos casos, saldos a favor difíciles de recuperar, lo que impacta negativamente en la liquidez de las firmas. "Estamos avanzando hacia una política tributaria más justa, transparente y enfocada en el crecimiento", aseguró Cornejo a través de sus redes sociales.
Además de la exclusión de los contribuyentes con buen comportamiento fiscal, el gobierno mendocino también introdujo otros cambios al régimen: se flexibilizaron los requisitos para solicitar la no retención -de seis a tres meses consecutivos con saldos a favor- y se ajustaron las alícuotas de retención en diversas actividades, evitando que superen los límites legales del impuesto.
El anuncio fue bien recibido por sectores productivos y profesionales contables que ven en estos cambios una señal de alivio ante las complicaciones administrativas que históricamente ha generado el Sircreb. La medida también se inscribe dentro de una estrategia mayor que busca incentivar el cumplimiento voluntario y atraer inversiones, en un contexto donde la carga impositiva y la presión fiscal son temas recurrentes en la agenda empresarial.
Con esta modificación, Mendoza se alinea con reclamos históricos de las pymes y grandes contribuyentes, que durante años denunciaron que el sistema de recaudación automática implicaba una suerte de anticipo injusto, difícil de compensar en tiempo y forma. El nuevo enfoque, según destacaron desde el Ejecutivo, apunta a restablecer la equidad tributaria sin poner en riesgo los ingresos provinciales
