El Gobierno de la Provincia de Corrientes y la Nación acordaron poner en marcha un plan conjunto para enfrentar el abigeato en zonas fronterizas con Brasil, tras numerosas denuncias de productores ganaderos que ven cómo su hacienda desaparece y su esfuerzo productivo se va al viento. El ministro de Seguridad correntino, Alfredo Vallejos, anunció que se activará la coordinación entre Policía, Prefectura y productores, especialmente en Santa Tomé, una de las áreas más afectadas por estos delitos.

Una de las innovaciones será el despliegue de drones durante la noche para patrullaje aéreo, así como puntos de control en rutas y mayor fiscalización vehicular, para detectar animales faenados, transporte irregular o documentación deficiente. Se llamó a los productores a denunciar cada caso, de modo que haya registro formal y judicial, y Vallejos aseguró estar en contacto directo con dirigentes rurales para diseñar medidas efectivas.

Esta iniciativa no surge de la nada: informes de CREA Litoral Norte advierten que el abigeato se ha vuelto sistemático en el norte correntino, y que campos enteros han abandonado su actividad bovina u ovina por la inseguridad rural. Productores relatan operativos nocturnos para mover hacienda al corazón del campo, pérdidas económicas absolutas y faena clandestina organizada por cadenas informales.

En el plano judicial, hay antecedentes recientes que muestran reacción: en Paso de los Libres dos hombres fueron condenados a 4 años y 6 meses de prisión por abigeato agravado, después de encontrarse 139 bovinos robados y remarcados. También, en Mercedes, se aplicó un juicio abreviado para casos de faena clandestina de ovejas.

Para el sector agropecuario, la preocupación no es solo la pérdida directa de animales, sino el impacto en los costos de producción, la productividad y la inversión en maquinaria agrícola. Cuando el robo es frecuente, los productores reducen el uso de tecnología de vigilancia, restringen el acceso de maquinarias grandes por caminos rurales y disminuyen la compra de infraestructura de protección, por temor a pérdidas. Además, la faena clandestina dificulta la trazabilidad sanitaria, lo que afecta los mercados exigentes nacionales e internacionales.

Organismos como el Senasa vienen trabajando en la prevención del delito rural, con capacitaciones a fuerzas de seguridad sobre documentación obligatoria para transporte de ganado y controles en rutas de Corrientes y Misiones. Este tipo de acciones son clave, porque parte de la solución está en reforzar los controles bromatológicos, la sanidad animal, y evitar que la carne robada llegue al circuito formal.

El plan conjunto anunciado aspira también a que los productores recuperen la confianza en la justicia y el Estado. Las medidas prometidas -drones, patrullajes y coordinación institucional- pueden ser efectivas si se implementan con rapidez, continuidad, presupuesto y sanciones firmes.

En definitiva, Corrientes intenta dar un paso firme frente al abigeato, combinando tecnología, control territorial y respaldo institucional. Si logra sostener ese plan, no solo se protegerá la ganadería, sino también al conjunto del sector agropecuario, que depende de la seguridad, de la infraestructura, del libre tránsito de maquinarias agrícolas y de la trazabilidad sanitaria para exportar y comercializar carne con estándares internacionales.