Fundación Labor plantea que llegó la hora de una política de Estado. En la Provincia de Buenos Aires, los caminos rurales son algo más que simples vías de tránsito: son arterias vitales que permiten que la producción llegue a los mercados, que los chicos asistan a la escuela y que las familias puedan acceder a la salud. Sin embargo, más del 70% de los 120.000 kilómetros que componen esta red se encuentra en mal o regular estado, transformándose en uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo productivo y social del interior bonaerense.

El diagnóstico no es nuevo. Lo alarmante es la persistencia del problema y la falta de políticas públicas sostenidas para revertirlo. Según Fundación Labor, cada camino intransitable es también una forma silenciosa de exclusión: significa que un estudiante no puede llegar a clases, que una ambulancia se demora o que la producción lechera o avícola pierde competitividad por no poder trasladarse a tiempo.

Recursos que existen, pero no se ven

El informe señala que el dinero para cambiar la realidad de la red vial rural está disponible. Solo en 2024, el Impuesto Inmobiliario Rural recaudó más de $173.000 millones, parte de los cuales, por ley, deberían destinarse a la mejora de la infraestructura. Sin embargo, esos fondos no se reflejan en el territorio.

"Existe un divorcio entre lo que se recauda y lo que realmente se invierte. El productor cumple pagando, pero no recibe caminos transitables a cambio", advierten. La falta de un plan provincial con metas verificables, la escasa coordinación con los municipios y la ausencia de control ciudadano generan no solo ineficiencia, sino también desconfianza y erosión del contrato fiscal.

Mientras tanto, las consecuencias se acumulan: mayores costos logísticos, más gasto en combustible y mantenimiento, pérdidas en cosechas perecederas y una competitividad cada vez más comprometida.

Un llamado a la acción colectiva

Desde Fundación Labor sostienen que el problema no es económico, sino político y organizativo. Existen modelos exitosos que podrían replicarse, como los consorcios camineros de Córdoba o las asociaciones regionales de Santa Fe y Chaco, donde el Estado, los productores y los usuarios trabajan juntos con reglas claras y control social.

"No se trata de reemplazar al Estado, sino de hacerlo más eficaz a través de la cooperación", afirman. El desafío, subrayan, es construir un nuevo modelo de gobernanza vial rural basado en transparencia, planificación técnica, eficiencia y participación ciudadana.

En definitiva, los caminos rurales son mucho más que infraestructura: son la base de la producción, el arraigo y el desarrollo. "Sin caminos no hay producción, sin producción no hay arraigo, y sin arraigo no hay desarrollo", concluye el documento.

La Provincia tiene las herramientas fiscales, la capacidad técnica y los antecedentes para hacerlo. Lo que falta es gestión y voluntad política. El desafío está planteado: ahora es tiempo de actuar