La Causa YPF sumó un nuevo revés para la Argentina. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, desestimó este martes un planteo del Gobierno nacional y ordenó entregar un detalle exhaustivo de los activos estatales, incluso en el exterior. La medida fortalece la posición de los demandantes en su intento de ejecutar embargos por USD 16.100 millones, monto fijado como indemnización por la expropiación de YPF en 2012.

El pedido argentino buscaba restringir el alcance del proceso de discovery, la etapa judicial en la que las partes deben revelar información sobre bienes y patrimonio. La defensa pretendía limitar la entrega de datos a activos que pudieran considerarse directamente embargables, excluyendo aquellos amparados por inmunidad soberana o situados fuera del territorio nacional.

Preska rechazó el argumento y sostuvo que el país intentó "relitigar" una cuestión ya resuelta. En su fallo, advirtió que no había elementos nuevos que justificaran reconsiderar la moción y recordó que la jurisprudencia en Estados Unidos permite avanzar sobre activos extraterritoriales en la búsqueda de información.

Riesgo de embargos globales

La decisión abre un frente delicado para la Argentina. Con el nuevo marco, los demandantes podrán rastrear cuentas bancarias, bienes inmuebles y participaciones en empresas estatales alrededor del mundo, más allá de las fronteras nacionales. Aunque ciertos activos -como embajadas y propiedades diplomáticas- están protegidos por inmunidad soberana, la obligación de transparentar datos patrimoniales incrementa la vulnerabilidad del país en tribunales extranjeros.

El antecedente más cercano es el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. en el caso Argentina vs. NML Capital (2014), que Buenos Aires utilizó como respaldo en su planteo. Sin embargo, Preska precisó que aquella resolución no restringe el discovery, sino que lo habilita como herramienta válida para identificar posibles bienes embargables, aun cuando estén en el exterior.

Los litigantes, encabezados por el fondo Burford Capital, concentran ahora su estrategia en localizar activos que puedan ser objeto de medidas cautelares. Este mismo grupo logró en 2023 que Preska condenara a la Argentina a pagar USD 16.100 millones a los fondos Petersen Energía y Eton Park, cuyos derechos litiga en tribunales internacionales.

Impacto político y económico

El fallo de Preska llega en un contexto económico complejo para el país, con restricciones externas, tensiones cambiarias y dificultades para acceder a financiamiento internacional. En paralelo, afecta la negociación política, ya que el Gobierno deberá decidir si profundiza su estrategia defensiva en tribunales estadounidenses o si busca un eventual acuerdo extrajudicial que reduzca la exposición a embargos.

En la ciudad de Nueva York ya circula la posibilidad de que Burford intensifique la búsqueda sobre activos de YPF, Banco Nación, Enarsa y otras compañías de participación estatal. De prosperar, el escenario podría derivar en bloqueos de cuentas y dificultades para operaciones de comercio exterior.

Este fallo se suma a otro revés reciente: la misma jueza había rechazado una moción argentina para limitar el acceso a correos electrónicos, chats y dispositivos de exfuncionarios vinculados a la causa, entre ellos Sergio Massa y Luis Caputo.

El litigio por YPF, que lleva más de una década, se consolida así como una de las causas judiciales más gravosas de la historia reciente del país. Con la obligación de revelar información detallada sobre su patrimonio global, Argentina enfrenta el riesgo de que los demandantes avancen con embargos en múltiples jurisdicciones, lo que podría afectar tanto a sus finanzas como a su diplomacia.