Con el foco puesto en la redistribución de los recursos y en plena tensión por la suba de retenciones, el diputado nacional Juan Brügge volvió a poner sobre la mesa su proyecto para reformar el esquema de reparto del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. 

En un contexto de creciente malestar provincial, el legislador cordobés del espacio Democracia Cristiana - Encuentro Federal redobla su apuesta contra lo que define como un modelo fiscal regresivo y centralista.

Según Brügge, la estructura actual -que deja más del 90% de lo recaudado en manos del Gobierno nacional- atenta contra el principio de equidad territorial consagrado por la Constitución. Solo en 2024, ese tributo generó ingresos por más de $2,5 billones. 

"Las provincias y municipios quedaron solos frente a responsabilidades históricas del Estado nacional", advirtió.

El proyecto de reforma propone que el 43,3% de lo recaudado sea transferido a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires; el 28,7% al Sistema Único de Seguridad Social; el 2,6% al transporte público; y el 25,5% restante quede para el Tesoro Nacional. De prosperar, implicaría una reasignación sustancial de fondos para obras, infraestructura vial, vivienda social e inversiones sanitarias.

Brügge sostiene que el Estado nacional ha delegado funciones sin transferir los recursos correspondientes, vulnerando el artículo 75 inciso 2 de la Constitución. Además, critica el uso discrecional del dinero recaudado, que -afirma- no siempre se aplica a los fines establecidos por ley.

El relanzamiento de la iniciativa legislativa llega en un momento político tenso: gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) ya han manifestado su rechazo a las recientes decisiones del Ejecutivo, en particular por el impacto negativo sobre las economías regionales.

La semana próxima, Brügge buscará sumar apoyos parlamentarios y que su propuesta sea tratada en comisión. En un Congreso cruzado por el debate sobre el federalismo fiscal, su proyecto vuelve a abrir la discusión de fondo: ¿puede un país sostenerse si las provincias deben cubrir servicios esenciales sin los fondos que constitucionalmente les corresponden?

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