Córdoba volvió a dar una señal clara: los caminos rurales no son un tema secundario, son una política de Estado. La Legislatura provincial aprobó la creación del Sistema de Gestión Integral de Caminos Rurales No Pavimentados, una herramienta que articula el trabajo entre productores, consorcios y el Estado con el objetivo de garantizar el mantenimiento y la mejora de la red secundaria y terciaria.

El nuevo esquema tendrá como fuente de financiamiento al Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que se nutre casi en su totalidad del Impuesto Inmobiliario Rural. La idea es darle continuidad al modelo que ya venían aplicando los consorcios camineros, pero ahora con un marco legal actualizado y una mayor capacidad de gestión.

Una construcción colectiva

La sanción de la ley no fue un trámite aislado. Fue el resultado de un proceso que incluyó a la Asociación de Consorcios Camineros, las 19 regionales, la Mesa de Enlace y referentes técnicos y políticos de distintos partidos. "Los consorcios trascienden a cualquier gobierno. Lo importante es tener buenos caminos y políticas públicas consensuadas", subrayó el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, uno de los impulsores de la iniciativa.

El gobernador Martín Llaryora también destacó el paso dado: "En un momento en que el Estado suele retirarse de la infraestructura, Córdoba cumple con los compromisos asumidos", expresó al rubricar el proyecto.

Más que caminos

Detrás de cada kilómetro de calzada afirmada hay mucho más que tránsito vehicular. Hay escuelas rurales que necesitan accesibilidad, productores que dependen de la logística para sacar su producción, pueblos que reclaman integración y una provincia que busca potenciar su agroindustria y su turismo.

Por eso, el nuevo sistema no solo apunta a conservar y mejorar caminos, sino también a garantizar un desarrollo equilibrado del interior provincial, con más inversiones y un mejor aprovechamiento de los recursos.

Un consenso estratégico

La clave de esta ley está en el consenso: entidades rurales, consorcios y el Ejecutivo provincial trabajaron durante más de un año para darle forma. La norma establece que el Ministerio de Bioagroindustria será la autoridad de aplicación, mientras que la red de consorcios se ocupará de la ejecución y control de las obras.

En un país donde muchas veces las promesas de infraestructura quedan en el camino, Córdoba eligió blindar este tema con un marco normativo que asegura previsibilidad, continuidad y gestión compartida.