La crisis que atraviesa La Suipachense, una de las empresas lácteas más emblemáticas de la provincia de Buenos Aires, se agudiza día a día. En las últimas horas trascendió que la planta, con 150 empleados, podría cerrar definitivamente en dos semanas si no aparece una solución financiera inmediata.

El panorama quedó planteado en una reunión en la delegación regional del Ministerio de Trabajo en Chivilcoy, donde dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), encabezados por Héctor Ponce, reclamaron respuestas para sostener las fuentes de empleo.

La firma, controlada desde 2012 por el grupo venezolano Maralac, arrastra deudas por más de $3.600 millones en cheques rechazados y enfrenta atrasos en sueldos, cargas sociales, pagos a proveedores y transportistas.

El golpe más fuerte se dio en la producción: la planta pasó de procesar 250.000 litros de leche diarios a apenas 40.000, hasta llegar a cero litros cuando los tambos proveedores dejaron de enviar materia prima por falta de pago.

Mientras los gremios denuncian que la empresa no ofrece garantías de continuidad y reclaman "medidas urgentes", desde el grupo inversor extranjero afirman que hubo acciones violentas y hostiles por parte de ATILRA, incluyendo "amenazas, amedrentamiento de gerentes y toma de la administración durante varios días".

En tanto, la CGT Regional Chivilcoy expresó su solidaridad con los trabajadores lácteos y advirtió que el cierre tendría un fuerte impacto social y económico en la zona, en un contexto donde otras ramas industriales también sufren crisis similares.

La posible clausura de La Suipachense dejaría a 150 familias sin sustento en Suipacha y su área de influencia, golpeando de lleno a la economía local. Los gremios sostienen que la crisis refleja un "estrés financiero general del sector lácteo", producto de la baja en el precio de la leche cruda y el incremento de costos.

Con la planta paralizada, los camiones estacionados y la incertidumbre total, la comunidad reclama que se activen políticas públicas que permitan preservar los puestos de trabajo y recuperar la producción de una empresa que supo ser símbolo de la lechería bonaerense.