La crisis de la histórica planta láctea La Suipachense, ubicada en el partido bonaerense de Suipacha, entró en una fase crítica. Nueve empleados fueron despedidos la semana pasada en medio de un escenario de parálisis productiva y falta de conducción empresarial por parte del grupo venezolano Maralac, dueño de la firma.

La reacción no tardó: los 140 trabajadores realizaron una multitudinaria marcha por las calles de la ciudad, acompañados por vecinos, funcionarios municipales y representantes de todo el arco político local. Mientras tanto, el sindicato lácteo Atilra tomó el control de los accesos a la planta y bloqueó el ingreso de materia prima: ningún litro de leche está entrando hoy a la fábrica.

Despidos con tensión gremial

Según fuentes vinculadas a la planta, los telegramas de despido tuvieron un tono "particularmente duro", con acusaciones de "justa causa" que los trabajadores calificaron como ofensivas. Ante esto, Atilra endureció su postura y cerró los portones de la planta, dejando a la producción totalmente interrumpida.

De 250.000 litros diarios a cero

El contraste es brutal: en su mejor momento, La Suipachense procesaba 250.000 litros de leche por día. Hasta la semana pasada, operaba con apenas 40.000 litros. Hoy la cifra cayó a cero. Los productores tamberos, que llegaron a ser 180, se redujeron a ninguno ante la incertidumbre sobre el futuro de la firma.

Un pueblo en vilo

La comunidad de Suipacha, de unos 12.000 habitantes, vive el conflicto con angustia. La planta es un motor económico y social desde hace 75 años. "Faltaría una cabeza para sentarse a resolver la situación y convocar concretamente a los venezolanos a negociar una salida, porque así el panorama no dura mucho más", expresó una fuente local.

Los atrasos salariales, que en algunos casos superan los dos meses, se suman a deudas millonarias con proveedores y prestadores de servicios. Incluso, la estación de servicio de la ciudad cortó la cuenta corriente de la planta por falta de pago de combustible.

Futuro incierto

La falta de representación clara del grupo empresario agrava el cuadro. "No se sabe quién está de la representación del grupo venezolano. Los empleados los han llamado varias veces, pero ellos no contestan", señaló una fuente gremial.

Con salarios pendientes de julio y agosto, deudas acumuladas y sin producción, el fantasma del cierre definitivo sobrevuela la planta. El gremio insiste en que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria que permita abrir un canal de negociación y evitar que la situación derive en una crisis social aún mayor.