En julio de 2025, el Gobierno Nacional publicó los Decretos 450, 451 y 452, que marcan cambios importantes en el marco energético argentino. Estas normas tienen como propósito modernizar el sector, fomentar la inversión privada, dar mayor previsibilidad a las reglas del juego y optimizar el funcionamiento del mercado eléctrico y gasífero. 

 El impacto es relevante para la economía nacional y especialmente para provincias industriales como Santa Fe, donde la energía es un factor clave para la competitividad.

Todo esto es dictado por el Gobierno Nacional con un hilo conductor de la Ley Bases y su espíritu de desregularizacion de los mercados.

El Decreto 450/2025 introduce un esquema de desregulación progresiva del mercado eléctrico. Su foco está en abrir la competencia en generación y comercialización, permitiendo que los grandes consumidores elijan su proveedor de energía y contratar mediante acuerdos bilaterales, conocidos como PPA (Power Purchase Agreements). Hoy este sistema esta permitido para la energía proveniente de las fuentes renovables (principalmente eólicas y solar).

La nueva regulación incorpora figuras novedosas como el "usuario generador" y el "almacenista", habilitando a empresas a generar su propia energía, almacenarla y hasta vender excedentes en el mercado.

El decreto establece que ninguna jurisdicción local (provincias o municipios) puede gravar el suministro de electricidad con tasas, contribuciones o impuestos que no estén directamente relacionados con la prestación efectiva del servicio.

Se prevé un período de transición de veinticuatro meses, durante el cual la supervisión estatal seguirá siendo clave para asegurar un proceso ordenado. Las distribuidoras provinciales, como la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en Santa Fe, conservarán la operación y distribución de la misma, cobrando un peaje por el uso de las mismas, mientras se habilita la libertad de contratación para los grandes usuarios.

Por su parte, el Decreto 451/2025 aprueba el Texto Ordenado 2025 de la Ley 24.076 (ley histórica del marco regulatorio del gas de 1992), que regula el transporte y distribución de gas natural.

Esta actualización integra modificaciones previas y ajusta el marco legal a los lineamientos establecidos en la Ley Bases, consolidando reglas para un sector en transformación.

Entre los puntos más destacados, se encuentran la liberalización de las importaciones de gas, la fijación de plazos claros y procedimientos específicos para las exportaciones -incluyendo el Gas Natural Licuado (GNL)- y la introducción de la obligación de realizar declaraciones de disponibilidad de recursos para asegurar el abastecimiento interno.

Además, se establecen plazos de concesión más extensos: treinta y cinco años iniciales, con la posibilidad de prórrogas por veinte años adicionales, siempre bajo el control del nuevo ente regulador. El decreto también habilita el almacenamiento de gas para garantizar servicios no interrumpibles, lo que representa una oportunidad para industrias con alta dependencia energética.

El Decreto 452/2025 complementa este proceso mediante la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), que reemplaza al ENRE y al ENARGAS. Este organismo unificado tendrá autonomía funcional y presupuestaria y será el encargado de centralizar la regulación y el control de tarifas, inversiones y concesiones tanto en el sector eléctrico como en el gasífero. Contará con un directorio de cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, y busca ofrecer un marco institucional más claro y eficiente para supervisar un mercado cada vez más diversificado y competitivo.

La provincia de Santa Fe concentra cerca del diez por ciento del consumo eléctrico del país, con una matriz productiva que incluye agroindustria, alimentos, metalmecánica, química y biotecnología.

A nivel nacional, la industria representa aproximadamente el 43% del consumo eléctrico, y los grandes usuarios santafesinos son principalmente empresas industriales conectadas al Mercado Eléctrico Mayorista.

En el caso del gas natural, sectores como frigoríficos, aceiteras y químicas son grandes consumidores y se verán directamente beneficiados por la posibilidad de comprar gas en forma directa y negociar precios sin intermediación obligatoria de las distribuidoras.

Para las empresas de la provincia, este nuevo marco ofrece varios beneficios potenciales.

La libre contratación abre la puerta a acuerdos más flexibles y competitivos, lo que permite planificar mejor los costos energéticos a mediano y largo plazo.

La autogeneración y el almacenamiento de energía ofrecen a las industrias con alta demanda la posibilidad de generar energía (renovable o no) y les otorgue mayor independencia y previsibilidad.

La separación clara entre energía, transporte y distribución promete facturas más transparentes y facilita la identificación de oportunidades de eficiencia.

Existen múltiples ejemplos prácticos que ilustran cómo estos cambios pueden impactar positivamente. Una empresa agroindustrial, por ejemplo, podría firmar un contrato de energía renovable con un parque solar local, pagando un peaje a la EPE por el uso de la red pero asegurando un precio estable a largo plazo. Un parque industrial podría organizarse para comprar gas directamente a un productor, reduciendo costos y ganando previsibilidad. Las PyMEs, por su parte, podrían integrarse a programas provinciales de eficiencia energética o sumarse a compras conjuntas para acceder a mejores tarifas y condiciones de suministro.

Los Decretos 450, 451 y 452 conforman en conjunto una reforma energética integral que busca alinear al país con prácticas internacionales de liberalización gradual y mejora de la competitividad.

Fuente : BCR - Autores Damián Bleger - Julio Calzada