La controversia por las retenciones cero al agro sigue sumando cuestionamientos en el Congreso. Esta vez, el diputado nacional Rodrigo De Loredo, jefe del bloque radical, denunció que grandes exportadoras inscribieron ventas al exterior en apenas 48 horas, aprovechando la baja transitoria de alícuotas, pero sin contar con los granos en su poder. Según el legislador, esta maniobra especulativa viola la legislación vigente y debería ser sancionada con la aplicación de la Ley 26.351, que desde 2008 obliga a los exportadores a acreditar la tenencia de la mercadería antes de declararla.

"La ley está vigente y tiene que aplicarse", sostuvo De Loredo en un mensaje publicado en la red social X (ex Twitter). Allí recordó que en 2018 la Secretaría de Agroindustria detectó irregularidades en empresas como Amaggi, Alimar, Alicampo y Oca Cereales, que no habían acreditado la tenencia de granos. Esa investigación derivó en una comunicación a la AFIP para que se les aplicara la alícuota mayor de retenciones, sentando un precedente que, según el legislador, puede replicarse hoy.

En esa línea, De Loredo advirtió que el mecanismo debería usarse para frenar la especulación de gigantes como Bunge, Cargill o Dreyfus, que habrían declarado exportaciones bajo el esquema de retenciones cero sin poseer la mercadería, asegurándose así todo el beneficio fiscal. "No podemos permitir que se repita lo mismo, porque se desvirtúa el espíritu de la medida y se castiga a los productores que trabajan de verdad", enfatizó.

La disposición del Gobierno, que eliminó las retenciones agropecuarias hasta el 31 de octubre, fue presentada como una estrategia para acelerar la liquidación de divisas. Sin embargo, desde la oposición sostienen que terminó generando una renta extraordinaria para las cerealeras, sin efectos positivos para el resto del sector productivo. Según estimaciones legislativas, el costo fiscal de la medida superaría los 1.500 millones de dólares en recaudación perdida por retenciones.

El reclamo de De Loredo se suma a una serie de denuncias que atraviesan distintos bloques de la oposición y que coinciden en un punto: la política de retenciones, aplicada de manera transitoria y sin marco legal estable, favorece a unos pocos jugadores concentrados en lugar de garantizar reglas claras y previsibles para todos los productores. El pedido ahora es que el Congreso abra el debate para definir un esquema transparente y duradero, que evite la especulación y devuelva confianza al sector.