Mientras el Estado nacional retrocede en materia de infraestructura, Córdoba redobla la apuesta. Con un fuerte consenso del sector agropecuario, el gobernador Martín Llaryora presentó un proyecto de ley que propone institucionalizar un sistema de gestión público-privado para el mantenimiento de los más de 57.000 kilómetros de caminos rurales de tierra en la provincia.

"El modelo no es del Gobierno. Es de los productores y los consorcios camineros. Lo construimos juntos", afirmó Llaryora durante la presentación en el Centro Cívico del Bicentenario, ante una nutrida asistencia de dirigentes rurales, técnicos y autoridades legislativas.

La iniciativa, trabajada durante más de un año entre el Ministerio de Bioagroindustria y entidades como la Mesa de Enlace, busca reemplazar una legislación vigente desde los años 90. El nuevo esquema tendrá como autoridad de aplicación al Ministerio, y estará conformado por una red de consorcios organizados en distintos niveles: regionales, de gestión y de caminos y suelos, además de un consorcio único para coordinar acciones.

El financiamiento será mayoritariamente autogenerado: el 98% del impuesto inmobiliario rural irá al Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que se nutrirá además de aportes externos, donaciones y multas por daños a la infraestructura vial.

"La diferencia entre tener o no un camino rural es la diferencia entre que llegue un alimento, una ambulancia o un maestro", sintetizó Sebastián Laborde, de la Sociedad Rural Argentina. Desde la Asociación de Consorcios Camineros, su presidente Juan José Fabbri valoró no sólo los recursos, sino el vínculo sostenido con el Estado: "Hay respuesta y hay escucha, eso también vale".

Durante el acto se anunciaron inversiones por $12.500 millones -de los cuales $9.500 millones serán para obras de enarenado y $3.000 millones para maquinaria-, pero el foco de la jornada fue otro: convertir en ley un sistema que en Córdoba ya funciona y que otras provincias miran con atención.

"En lugar de pedir que vengan a arreglarnos los caminos, en Córdoba mostramos cómo se hace", remató Llaryora, convencido de que el campo puede ser motor de desarrollo, siempre y cuando el Estado acompañe con reglas claras y participación real.