La relación entre la Unión Europea y los países del Mercosur sumó un nuevo capítulo de tensión. Esta vez, el centro del conflicto es el nuevo Reglamento Europeo sobre la Deforestación (EUDR), que exige a los exportadores demostrar que sus productos no provienen de tierras deforestadas después de 2020. Para la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), esta normativa representa una barrera comercial encubierta que desoye los avances del bloque en materia de sostenibilidad.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la sostenibilidad y la innovación en la producción agropecuaria", expresó la FARM mediante un comunicado, en el que también remarcó que los países del bloque cuentan con sistemas modernos de trazabilidad y monitoreo, capaces de garantizar la legalidad y el origen de los productos exportados.

La federación subrayó que estos sistemas cumplen con los más altos estándares internacionales y permiten responder a las exigencias ambientales, sociales y productivas de los mercados globales. Por eso, consideran inaceptable que la UE imponga una regulación unilateral que desconoce esos esfuerzos.

"No se pueden imponer condiciones sin reconocer la realidad productiva de nuestros países", alertaron. Y advirtieron que la excesiva burocracia de los procedimientos europeos podría dejar fuera del comercio internacional a miles de pequeños y medianos productores.

La FARM reclamó que los sistemas de trazabilidad del Mercosur sean reconocidos como instrumentos válidos de cooperación y confianza mutua. "Los productores que cumplen con los protocolos deben poder seguir accediendo a los mercados", señalaron, al tiempo que denunciaron el aumento de costos y la inseguridad jurídica que implica aplicar la EUDR sin adaptaciones locales.

Lejos de cerrar la puerta al diálogo, la organización reiteró su voluntad de cooperación: "Invitamos a los socios internacionales a dialogar con base en evidencias, valorando los sistemas ya existentes y promoviendo soluciones conjuntas para los desafíos globales".