En la Argentina, el uso de fitosanitarios sigue siendo un tema sensible que enfrenta a productores, comunidades y autoridades locales en un escenario marcado por regulaciones dispersas, conflictos sociales y falta de un marco nacional unificado. Esa ausencia de legislación específica genera incertidumbre y deja a la actividad expuesta a interpretaciones dispares según cada provincia o municipio. En este contexto, la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA) dio un paso estratégico al impulsar el Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Aplicación de Fitosanitarios, ingresado en el Congreso bajo el expediente 5621-D-2025.

La propuesta, firmada por los diputados Atilio Benedetti y Maximiliano Ferraro con el acompañamiento de 29 legisladores de diferentes bloques políticos, busca establecer un marco regulatorio uniforme y moderno, que aporte previsibilidad tanto a los productores como a la sociedad en general. 

La RedBPA -que agrupa a más de 80 instituciones público-privadas- remarca que el proyecto se construyó sobre la base de evidencia científica, tomando criterios de gestión del riesgo internacionalmente reconocidos y promoviendo el uso de tecnologías seguras y de última generación.

A diferencia de iniciativas prohibicionistas que suelen tensar la relación entre campo y ciudades, este proyecto reconoce la necesidad de los fitosanitarios para sostener la productividad del agro, pero exige su utilización dentro de un esquema de reglas claras y seguras, que compatibilicen la producción agrícola con la salud pública y la preservación del ambiente.

Entre los aspectos centrales, la propuesta contempla la definición de responsabilidades claras para todos los actores de la cadena -desde productores y asesores hasta comercializadores y fiscalizadores- y la delimitación de zonas de uso específicas, con áreas de exclusión y amortiguamiento cerca de poblaciones, cursos de agua, escuelas rurales y áreas naturales protegidas. También establece la obligatoriedad de que cada aplicación se realice bajo receta profesional emitida por un ingeniero agrónomo matriculado, fortaleciendo así la trazabilidad del proceso.

El control es otro de los pilares: solo se podrán utilizar productos previamente autorizados por el SENASA, mientras que los equipos aplicadores deberán estar registrados e identificados, además de pasar por verificaciones técnicas periódicas para reducir la deriva. Asimismo, se impulsa un sistema de capacitación obligatoria y periódica, adaptado a los avances tecnológicos y científicos, con el fin de profesionalizar aún más la actividad.

El proyecto también plantea la creación de programas de monitoreo ambiental, epidemiológico y de residuos en alimentos, cuya información será pública y accesible. De este modo, no solo se busca ordenar la actividad, sino también transparentar la relación con las comunidades y generar confianza en torno al uso de agroquímicos. En paralelo, se incorpora un régimen sancionatorio administrativo, pensado para garantizar la aplicación efectiva de la norma y dar mayor seguridad jurídica a productores y aplicadores.

La iniciativa de la RedBPA se presenta como una herramienta integral y equilibrada, con la intención de elevar los estándares de regulación en Argentina y acompañar la transformación del agro hacia un modelo más competitivo, tecnológicamente innovador y ambientalmente sostenible. En un país donde el campo sigue siendo motor económico y principal generador de divisas, contar con una ley nacional de presupuestos mínimos se vuelve fundamental para sostener la competitividad frente a los países vecinos, que ya han avanzado en normativas modernas y en políticas más previsibles para su sector agroalimentario.

De aprobarse, la norma no solo brindaría certidumbre a productores e inversores, sino que también permitiría ordenar la relación con las comunidades rurales y urbanas, respondiendo a demandas sociales cada vez más fuertes respecto de la seguridad alimentaria y la protección ambiental. En definitiva, el debate sobre fitosanitarios ya no puede postergarse: el desafío es equilibrar las necesidades de la producción con las exigencias de la sociedad y el cuidado del entorno. El proyecto de ley presentado en el Congreso abre una oportunidad para avanzar en ese sentido y sentar las bases de una Argentina agroalimentaria competitiva y sustentable, capaz de mirar al futuro con previsibilidad.