El Ejecutivo trabaja contrarreloj para emitir un decreto presidencial que dispondrá la unificación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). La medida se oficializaría antes del 8 de julio, fecha límite en la que caducan las facultades delegadas al Presidente por el Congreso a través de la Ley Bases.

La decisión se ejecutará bajo la conducción de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo. Se apunta a una estructura más compacta, con menos personal y gestión centralizada, siguiendo como modelo la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) de Estados Unidos.

Emergencia energética prorrogada y subsidios en revisión

Paralelamente, el Gobierno decretó la prórroga de la emergencia del sector energético hasta julio de 2026, lo que le permite mantener la intervención sobre ambos entes hasta tanto el nuevo regulador esté operativo.

También se prolongan los subsidios a la electricidad y el gas, aunque con modificaciones: se eliminará el Fondo Fiduciario para el Gas Licuado (GLP) y más de 145.000 usuarios de altos ingresos fueron excluidos del beneficio. Estos ajustes apuntan a un esquema de subsidios más focalizado, aunque podrían afectar costos operativos en sectores productivos con alto consumo energético.

Reorganización del Estado y nuevos entes

La medida no es aislada: Economía planea eliminar 24 organismos, fusionar otros 15 y reformar 16 adicionales. Entre los más relevantes para el agro están el INTI, el INTA y el INPI, que pasarán a formar parte del rediseño institucional impulsado desde la Casa Rosada.

El corazón de la medida reside en unificar bajo un mismo mando la regulación de dos sectores estratégicos: electricidad y gas. La idea es reducir costos, mejorar la trazabilidad y agilizar decisiones técnicas. Pero esta concentración de poder también genera alertas: podría disminuir los contrapesos institucionales, diluir la especificidad técnica en cada área y afectar la independencia regulatoria, lo que preocupa a usuarios industriales y grandes consumidores.

Impacto en la agroindustria argentina

El nuevo organismo regulador tendrá la potestad de definir tarifas, condiciones técnicas y esquemas de subsidios que afectan directamente al costo de producción de industrias alimentarias, frigoríficos, plantas procesadoras de granos y maquinaria agrícola. Con menos interlocutores técnicos y una lógica de eficiencia fiscal, las empresas del sector agroindustrial deberán adaptarse a un esquema regulatorio más estricto, con menos márgenes para negociación individual. En un contexto de alta tecnificación y necesidad de previsibilidad energética, esta fusión podría redefinir el vínculo entre el Estado y los actores estratégicos del agro.