Las lluvias de anoche volvieron a golpear fuerte al agro en la provincia de Buenos Aires. Las lluvias intensas de los primeros meses del año dejaron un escenario crítico en gran parte del territorio: miles de hectáreas bajo agua, caminos rurales intransitables y un clima de enojo creciente entre los productores, que sienten que las soluciones nunca llegan. En medio de un año electoral y de tensiones políticas constantes, el reclamo del campo vuelve a ocupar el centro del debate rural.

En distritos como Nueve de Julio, Lincoln, Carlos Casares, Pehuajó y 25 de Mayo, los productores denunciaron que llevan meses conviviendo con la misma postal: camiones encajados, tambos aislados y pérdidas económicas que se multiplican día a día. En Nueve de Julio, el descontento derivó en una protesta frente al municipio que conduce María José Gentile. Un grupo de productores rurales ingresó al edificio y enfrentó al secretario de Gobierno, Federico Aranda, reclamándole la falta de obras y la inacción municipal ante los caminos destruidos. "Todo el día tomando mate mientras nosotros no podemos sacar la producción", gritó uno de ellos, en una escena que se viralizó en redes sociales.

Según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la superficie anegada en la región centro y norte de la provincia pasó de 25.000 hectáreas en junio a más de 70.000 en septiembre. Solo en Nueve de Julio se estiman 75.000 hectáreas afectadas, en Lincoln 58.000 y en Carlos Casares unas 42.000. La situación genera no solo pérdidas productivas sino también problemas de acceso a escuelas rurales, tambos y servicios básicos.

La raíz del conflicto es bien conocida: falta de infraestructura hídrica y abandono de los caminos rurales. Aunque desde la Provincia se giraron fondos a los municipios, los productores aseguran que los trabajos son mínimos y que el deterioro avanza. "Una imagen vale más que mil palabras", escribió la productora y dirigente Andrea Passerini en su cuenta de X, junto a videos de su campo en Carlos Casares totalmente anegado. "Estoy oficialmente aislada en mi campo. No puedo llegar a ninguna ruta. Que a nadie nos falle la salud", relató, mientras mostraba los accesos destruidos por el agua.

A esta situación se sumó el malestar por el fugaz anuncio del gobierno nacional de retenciones cero, que duró apenas 72 horas y benefició únicamente a las grandes exportadoras. En el interior bonaerense, el anuncio fue visto como una provocación: muchos productores sintieron que las medidas no los incluyen y que el esfuerzo siempre recae sobre el pequeño y mediano productor. Las protestas no tardaron en llegar, con "tractorazos" y cortes simbólicos en localidades del interior.

Sin embargo, la medida también generó divisiones internas. Desde la Red Nacional de Productores Autoconvocados aclararon que no participaron de las manifestaciones y denunciaron una "convocatoria politizada". En un comunicado señalaron que "los productores somos pocos y nos conocemos mucho; no lo está la Mesa de Enlace ni la Red Nacional". Pese a las diferencias, todos coinciden en que el campo está al límite, agobiado por los impuestos y el deterioro de la infraestructura.

El diputado bonaerense Luciano Bugallo (Coalición Cívica) sostuvo que las inundaciones "son la visibilidad de la falta de obra pública y de planificación". Según el legislador, los caminos rurales "terminan siendo cunetas donde el agua circula y los vecinos quedan aislados", lo que no solo afecta la producción sino también la vida cotidiana. "Cuesta conseguir gente para trabajar en el campo porque no se puede acceder; hay familias que no pueden salir ni llevar a los chicos al colegio", explicó.

Desde la Sociedad Rural de Rojas, el productor Alberto Del Solar Dorrego fue más tajante: "El agua se politizó y dejó de ser un tema técnico. Las obras hídricas son responsabilidad de los municipios y las provincias, no de la Nación. Durante los cuatro años de sequía no se hizo absolutamente nada, y ahora pagamos las consecuencias". Según Del Solar, "el problema no es el agua, sino la falta de planificación".

En medio de este escenario, el gobierno nacional anunció la reactivación de las obras del dragado del Río Salado, una obra interprovincial de más de 760 kilómetros, que se proyecta desde 1999 y nunca se completó. La Sociedad Rural Argentina celebró la noticia, pero en el interior prevalece el escepticismo. "Esto viene de años de abandono. Quiero ver máquinas trabajando, no anuncios", respondió Bugallo, que advirtió que las obras deberían haberse hecho durante la sequía, no ahora que los campos están bajo el agua.

El proyecto busca prevenir inundaciones, reducir el impacto de las sequías y mejorar los recursos hídricos en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y San Luis. Pero su avance ha sido mínimo, y las pérdidas económicas por las demoras se estiman en más de 40.000 millones de dólares en las últimas dos décadas.

Mientras tanto, los caminos rurales siguen convertidos en ríos, las máquinas no pueden entrar a los campos y las lluvias amenazan con continuar. Los productores bonaerenses sienten que cada vez dependen menos del clima y más de la voluntad política. Y aunque el agua tarde o temprano bajará, la bronca parece haber llegado para quedarse.