El Juzgado Federal de San Martín dictó un fallo que representa un fuerte revés para el Gobierno Nacional: confirmó la vigencia de la derogación del decreto 462 y devolvió al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) su condición de ente autárquico, con financiamiento propio y un Consejo Directivo representativo.

La decisión, firmada por la jueza Martina Isabel Forns, fue celebrada por la Asociación del Personal del INTA (APINTA), que había impulsado el amparo sindical. El gremio destacó que el fallo no solo protege los puestos de trabajo de más de 280 empleados, sino que también blinda la estructura institucional del organismo frente a los cambios que había intentado imponer el decreto.

El texto judicial aclara que la resolución 1240 del Ministerio de Economía no tiene vigencia e intima al Estado a no avanzar con disponibilidades de personal. En caso de incumplimiento, fija una multa diaria de 10 millones de pesos y advierte que cualquier funcionario que ejecute medidas contrarias podrá ser denunciado por incumplimiento de mandato judicial.

Si bien el Gobierno apeló la medida, la cautelar sigue firme. La magistrada incluso solicitó que se aclare si las denuncias por incumplimiento persisten, dado que el DNU 462/25 ya fue rechazado por el Congreso y, en consecuencia, se encuentra derogado.

Desde el gremio, el secretario general de APINTA, Mario Romero, subrayó que el INTA debe volver a su esquema anterior al 8 de julio, con un directorio plural integrado por productores, universidades y el Estado Nacional. "No hay disponibilidad en el INTA, no las hubo porque no fueron notificados ningún trabajador ni trabajadora; todos siguieron cumpliendo sus funciones", afirmó.

El dirigente también celebró el rechazo parlamentario al decreto: "El jueves, cuando el Senado lo rechazaba con 60 votos, estábamos orgullosos, no porque se cayera una medida del Ejecutivo, sino porque se reconocía el trabajo territorial del INTA en cada provincia".

En la práctica, el fallo significa que el organismo retoma su modelo de financiamiento propio, con gobernanza representativa y sin modificaciones en su estructura, frenando los intentos oficiales de transformarlo en un ente desconcentrado. Aunque el proceso judicial continúa, el mensaje del tribunal es claro: el INTA vuelve a ser el de siempre, y cualquier intento de modificarlo deberá pasar por el Congreso y respetar las garantías laborales de sus trabajadores.