La Cámara Federal de Rosario puso bajo la lupa el dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay. En un fallo reciente, el tribunal ordenó al Estado nacional entregar en un plazo de diez días los estudios de impacto ambiental y antecedentes administrativos vinculados a las obras de dragado, ensanchamiento y cambio de traza frente a la ciudad bonaerense de Ramallo. 

 La medida responde a un reclamo judicial impulsado por las organizaciones Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) de Ramallo y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que sostienen que las obras se están realizando sin evaluaciones actualizadas ni audiencias públicas, como exige la legislación vigente.

Contexto crítico 

 El litigio se desarrolla en un escenario marcado por la crisis hídrica. El Paraná, uno de los ríos más importantes de Sudamérica, atraviesa bajantes récord que afectan tanto a las comunidades ribereñas como a la biodiversidad de la región.

"En los últimos años hemos vivido cortes, contaminación y pérdida de acceso al agua. Todo esto ocurre mientras los informes del IPCC advierten que el cambio climático intensifica los extremos y obliga a los Estados a actuar con máxima precaución", señalaron desde las organizaciones demandantes.

Irregularidades y advertencias 

 El fallo también toma en cuenta un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que detectó irregularidades en el proceso de licitación de la nueva concesión de la hidrovía. Según el organismo, es indispensable realizar una Evaluación de Impacto Ambiental previa antes de avanzar con cualquier licitación.

En particular, preocupa el desvío de la traza hacia el brazo derecho del Paraná, un sector con humedales y playas de alto valor ecológico. Expertos advierten que la modificación podría incrementar la erosión, afectar la biodiversidad y comprometer el abastecimiento de agua.

Reclamo por transparencia 

 Desde UPVA y la Asociación de Abogados Ambientalistas subrayan que "no puede haber obras sin información, estudios y participación de las comunidades". Aseguran que el caso representa mucho más que un conflicto local: es una cuestión de justicia ambiental y derechos humanos.

"La protección del Paraná es vital. Sin agua no hay vida, y sin controles adecuados no habrá justicia social ni ecológica", remarcaron.