El proyecto de Ley de Suelos impulsado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA) encendió la alarma en el sector agropecuario. Desde CARBAP y distintos referentes políticos advierten que la iniciativa implica más controles, burocracia y un riesgo directo sobre la autonomía de los productores.

Un proyecto de Ley de Suelos presentado por el CIAFBA en la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado bonaerense abrió un nuevo frente de conflicto entre el campo y la política. La propuesta declara que la protección del suelo y del agua es de interés público, lo que habilitaría al Estado a intervenir de manera directa en las decisiones productivas sobre tierras privadas. Para las entidades rurales, lejos de ser una herramienta de sustentabilidad, se trata de un avance sobre la propiedad privada que amenaza la libertad de producción.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) se manifestó un rechazo contundente al proyecto, al señalar que "esto avanza sobre la propiedad privada de los productores imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso". La visión crítica fue compartida por dirigentes políticos, como el diputado provincial Luciano Bugallo, quien advirtió que "si bien suena muy lindo, en manos equivocadas puede convertirse en una herramienta de persecución y control".

Bugallo destacó que la norma, tal como está redactada, obligaría a los productores a someterse a planes de uso y manejo firmados únicamente por ingenieros agrónomos matriculados en el CIAFBA, lo que en su visión convierte a los productores en "rehenes de una corporación que cobra honorarios obligatorios". Además, advirtió que el esquema propuesto funcionaría bajo un sistema de "premios y castigos estatal", donde las ventajas fiscales quedarían supeditadas al cumplimiento estricto de directivas burocráticas.

Para los sectores críticos, la iniciativa no fomenta la innovación ni la inversión, sino que promueve un modelo intervencionista y corporativista que, en un escenario de alta presión impositiva y retenciones ya vigentes, podría desalentar aún más la competitividad del agro bonaerense. El trasfondo de la discusión es profundo: mientras desde el CIAFBA se busca instalar la idea de una producción más sostenible, los productores entienden que el Estado avanza sobre sus decisiones y que la autonomía del campo se ve cada vez más condicionada.

La Ley de Suelos se suma así a una larga lista de tensiones entre el Estado y el sector agropecuario. En un contexto de brecha cambiaria, falta de infraestructura y mercados cada vez más exigentes en materia de trazabilidad y sustentabilidad, el debate sobre cómo cuidar los recursos naturales sin poner en jaque la propiedad privada promete escalar en los próximos meses.