El malestar del campo bonaerense volvió a golpear la puerta del gobernador Axel Kicillof. Las principales entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace de la provincia -Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, CARBAP y Coninagro- enviaron una carta al mandatario para reclamar por "inconsistencias graves" en el cobro del Impuesto Inmobiliario Rural.

La nota fue el resultado de un encuentro realizado este lunes, donde los dirigentes realizaron un análisis técnico de las partidas emitidas por ARBA. Según denunciaron, en múltiples casos las boletas superan los topes de aumento aprobados por la Legislatura en la Ley Fiscal 2024, que establecía un techo del 200% según el tipo y escala de los establecimientos.

"El productor no puede pagar más de lo que establece la ley. Es inadmisible que el Estado emita boletas con subas que vulneran lo que votaron los propios legisladores", señalaron desde la Mesa de Enlace.

Un pedido urgente: frenar vencimientos y restituir beneficios

En la misiva enviada al gobierno bonaerense, las entidades también pidieron suspender de forma inmediata el vencimiento de la primera cuota del tributo, hasta tanto se corrijan los errores detectados.

Además, exigieron que se restituyan beneficios que fueron eliminados por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), como el descuento por Buen Contribuyente y la adhesión al débito automático o al pago electrónico. "Quitar estos incentivos de un día para el otro, sin previo aviso, es castigar al que cumple", apuntaron.

Advertencia por el impacto recaudatorio

Los representantes del agro advirtieron que esta situación, además de vulnerar derechos, podría generar un perjuicio para las arcas provinciales. "Están llevando al límite la capacidad contributiva del productor. Si esto no se corrige, lo que vendrá será una litigiosidad innecesaria, que podría evitarse simplemente respetando la ley", remarcaron.

En un contexto marcado por la caída de márgenes, la sequía reciente y la presión tributaria nacional, los productores consideran que cualquier exceso recaudatorio es un golpe difícil de absorber.

"El esfuerzo ya está hecho con lo aprobado en la Ley Fiscal. No pedimos privilegios, pedimos que se cumpla lo acordado", concluyeron las entidades.