En el marco de un proceso de desregulación profunda, el Gobierno nacional anunció una serie de medidas que modifican de raíz la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una institución clave para la investigación y extensión rural en Argentina. Desde mañana, con la publicación de un nuevo decreto, dejará de ser un ente autárquico para convertirse en un organismo desconcentrado, con total dependencia de la Secretaría de Agricultura.

Este giro estructural viene acompañado por la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la redefinición del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el objetivo es reducir estructuras estatales sobredimensionadas, eliminar "cajas políticas" y promover mayor eficiencia administrativa. Sin embargo, el cambio genera fuerte preocupación en el sector agropecuario.

Diagnóstico oficial: ¿INTA sobredimensionado o mal gestionado?

El informe que acompaña la reforma argumenta que el INTA contaba con 932 cargos jerárquicos, superando a cualquier ministerio nacional, y que presentaba graves deficiencias administrativas, según auditorías de la SIGEN. Se señala también que su estructura territorial descentralizada dificultaba la supervisión estratégica, fomentando ineficiencias operativas.

A partir de ahora, el organismo será conducido por un presidente con rango de secretario de Estado, asistido por un consejo técnico ad honorem. Además, se realizará un relevamiento de bienes, ajuste estructural y transferencia de recursos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Disolución del INASE y creación de un nuevo consejo semillero

Uno de los puntos más sensibles para el agronegocio argentino es la eliminación del INASE, cuya función era garantizar la trazabilidad y calidad del sistema nacional de semillas. Sus competencias pasarán directamente a la Secretaría de Agricultura, que también disolverá la Comisión Nacional de Semillas (Conase).

En su lugar se formará un Comité Asesor de Semillas, honorario y con diez integrantes (cinco del sector público, incluyendo al INTA, y cinco del privado). No tendrá poder vinculante, lo que ha generado inquietud entre productores, fitomejoradores y cooperativas, que temen perder espacios institucionales de participación.

Impacto en la tecnificación y en la innovación agropecuaria

El INTA ha sido históricamente un actor central en la difusión de buenas prácticas agrícolas (BPA), desarrollo de biotecnología, ensayos de cultivos y transferencia de tecnología. Muchos temen que la pérdida de autarquía afecte su independencia científica y su capacidad de liderar proyectos estratégicos para la producción agropecuaria.

Asimismo, la disolución del INASE podría complicar la implementación de la Ley de Semillas, el control de variedades y la fiscalización de materiales genéticos, ejes centrales para garantizar la competitividad y sustentabilidad agrícola.

¿Eficiencia o recentralización? Un debate abierto en el campo

Las entidades del sector miran con preocupación una reforma que consideran apresurada y con escasa consulta previa. Mientras el Gobierno alega que estas decisiones permitirán ahorrar miles de millones y reducir burocracia, productores, técnicos y expertos advierten sobre la pérdida de autonomía, transparencia y capacidad técnica.

La transformación del INTA no solo es estructural, sino simbólica: cuestiona la tradición de organismos con participación federal y científico-técnica que han sostenido la innovación y productividad en el agro argentino.

El rediseño del INTA y la eliminación del INASE suponen un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y el agro. Queda por ver si esta nueva estructura permitirá mejorar la eficiencia sin afectar la calidad técnica que históricamente caracterizó al organismo. En un momento de crisis climática, tecnológica y de mercados, el sector necesita respuestas sólidas, transparentes y federales, más allá de la desregulación.