Crédito Productivo: El Agro enciende alarmas por la reforma que pone en riesgo el financiamiento PyME
Las Cuatro Cadenas agroindustriales y el sistema bursátil argentino rechazan la eliminación del beneficio fiscal a las SGR. Advierten sobre un impacto negativo inmediato en empleo, producción e inversión en el campo.
Una advertencia unificada desde el corazón del agro. Las principales entidades de la agroindustria nacional, agrupadas en las Cuatro Cadenas (ACSOJA, ARGENTRIGO, ASAGIR y MAIZAR), y las Bolsas de Comercio de todo el país, expresaron un rechazo contundente a la reciente modificación fiscal sancionada el 10 de julio que afecta al sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).
La reforma elimina la exención del Impuesto a las Ganancias para los aportantes a los Fondos de Riesgo de las SGR, una herramienta crucial para el acceso al crédito de las PyMEs agropecuarias. En un contexto de alta volatilidad y necesidad de inversión, esta medida puede dejar fuera del circuito financiero a miles de productores.
Una reforma que ahoga el financiamiento del campo
La consecuencia directa, según advirtieron las entidades, será el desincentivo para las empresas que hoy actúan como socias protectoras, lo que provocará una drástica reducción de fondos disponibles para garantizar operaciones crediticias. Para el agro, donde la incorporación de tecnología, los insumos y el capital de trabajo dependen del acceso a financiamiento, el impacto será inmediato y severo.
"Muchos quedarán fuera del circuito financiero formal y se verán obligados a esquemas informales o abandonar la actividad", alertaron las Cuatro Cadenas.
Un sistema probado y federal en riesgo
Desde el sistema bursátil, el Mercado Argentino de Valores (MAV), BYMA, A3, y las Bolsas de Comercio de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y otras plazas regionales, calificaron la medida como "una amenaza directa al financiamiento PyME y al empleo".
El sistema de SGR ha canalizado más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo, asistiendo a más de 100.000 empresas y permitiendo sostener 500.000 empleos formales. Todo esto con un costo fiscal estimado de apenas el 0,02% del PBI, según el análisis de los actores del sector.
Reclamo por una revisión inmediata
Las entidades firmantes coincidieron en que la eliminación de este régimen atenta contra una herramienta público-privada, federal e inclusiva, que ha demostrado eficiencia y transparencia. "No se puede sacrificar una política de largo plazo por un recorte fiscal de corto alcance que ignora sus consecuencias estructurales", sentenciaron.
Por eso, pidieron al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación que revisen de inmediato el artículo 10 de la ley recientemente aprobada y restablezcan el régimen original, clave para el desarrollo territorial, la competitividad del agro y la sustentabilidad del empleo.