El presidente Javier Milei formalizó ayer un giro estructural en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), eliminando su condición de organismo autárquico y transformándolo en un ente desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura. A partir de esta modificación, se confirmó la continuidad del ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich como presidente con rango de secretario, mientras que María Beatriz "Pilu" Giraudo fue nombrada Consejera Técnica con carácter "ad honórem" desde el 8 de julio de 2025. Ambas designaciones están detalladas en un decreto que, al cierre de esta nota, se encontraba a la espera de su publicación en el Boletín Oficial.

La reforma institucional, sustentada en las facultades otorgadas por la Ley Bases (Ley 27.742) recientemente aprobada, implica la eliminación de la autarquía financiera, administrativa y técnica que había caracterizado al INTA desde su creación en 1956. Esto representa un cambio profundo en su lógica de funcionamiento. Con más de 6.000 agentes y una estructura jerárquica amplia, el Gobierno consideró -según un informe de la Sindicación General de la Nación (SIGEN)- que el organismo se encontraba sobredimensionado.

Además de la nueva dependencia jerárquica directa, desaparecerá el cargo de Director Nacional -actualmente ocupado por Ariel Pereda-, que será reemplazado por una figura ejecutiva de estilo empresarial: un CEO. Esta transformación buscaría acelerar los procesos de investigación orientados a demandas específicas del sector privado, en un esquema de cofinanciamiento público-privado aún por definir. Desde el INTA se destacó que la rapidez con la que se habilitaron las designaciones evitó el freno de múltiples proyectos en marcha, ya que la parálisis administrativa suele afectar el normal desarrollo de las líneas técnicas.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. Desde la provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, advirtió que "el decreto de Milei viene a destruir el INTA" y lamentó la pérdida de uno de sus pilares institucionales: la conducción tripartita entre el Estado, el sistema científico y los productores. Según Rodríguez, esa estructura participativa permitió la generación de más de 800 variedades vegetales adaptadas a las diferentes regiones del país.

En la misma línea, Bases Federadas -que agrupa a pequeños y medianos productores y cooperativas- calificó la reforma como un "ajuste brutal", denunciando el despido de 1.500 técnicos, el cierre de agencias, la venta de más de 70.000 hectáreas y la eliminación de programas clave como Pro Huerta, Cambio Rural y líneas específicas de investigación en agricultura familiar y economías regionales.

Desde la organización señalaron además una preocupante orientación del nuevo INTA hacia un modelo agropecuario "extractivista, primarizante y concentrado", que pone en riesgo el agregado de valor en origen, la defensa del ambiente y la soberanía alimentaria. Alertaron que "cada peso invertido en el INTA retorna socialmente entre cinco y once pesos", según estudios existentes, y convocaron a legisladores nacionales a no convalidar esta reestructuración por vía de decreto.

Lo que para algunos puede representar una oportunidad para eficientizar la estructura estatal y mejorar la articulación con el sector privado, para otros se traduce en el desmantelamiento de una institución clave para el desarrollo territorial y la innovación agropecuaria de base pública. El nuevo rol de Bronzovich al frente de un INTA sin autarquía, junto con la redefinición del financiamiento y del perfil institucional, abre un escenario complejo para el campo argentino.

En este contexto, la gran incógnita es si la investigación, extensión y generación de tecnología podrán seguir respondiendo a las necesidades reales de los productores, sobre todo los más pequeños, en un país que históricamente ha encontrado en el INTA una herramienta de conocimiento y desarrollo estratégico. El campo observa, con preocupación y atención, cómo se configura esta nueva etapa.