La avanzada del Gobierno sobre el INTA sufrió este jueves un doble revés. Por un lado, el Senado rechazó el decreto 462/2025 que modificaba la estructura del organismo, tras una votación que terminó con 60 votos en contra, 9 a favor y 2 abstenciones. Días atrás, Diputados ya se había pronunciado en el mismo sentido.

Al mismo tiempo, la jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, hizo lugar a un pedido de amparo presentado por los gremios Apinta y ATE, que advertían sobre el riesgo de un vaciamiento institucional. La magistrada ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de aplicar cualquier medida que implique traslados, cesantías o supresión de estructuras en el INTA, con una vigencia de seis meses.

El núcleo de la disputa

El decreto 462/2025 planteaba que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria dejara de ser un organismo descentralizado y autárquico para convertirse en un ente "desconcentrado" bajo la órbita directa de la Secretaría de Agricultura.

En paralelo, el Gobierno había aprobado una nueva estructura organizativa que eliminaba la Dirección Nacional y disolvía el Consejo Directivo, pilares históricos del instituto desde su creación en 1956.

Los gremios sostuvieron que la medida significaba "la disolución de hecho del organismo", con efectos negativos en la investigación agropecuaria, la transferencia tecnológica y la planificación territorial. También denunciaron que el decreto afectaba derechos adquiridos y convenios colectivos, violando normas laborales y acuerdos internacionales de la OIT con jerarquía constitucional.

La mirada de la Justicia

La jueza Forns consideró que existían los requisitos de "verosimilitud en el derecho" y "peligro en la demora" para dictar la cautelar. En su fallo, advirtió que la reforma podría generar un daño irreparable en derechos laborales y sindicales del personal del INTA.

Además, subrayó que los artículos 73 y 74 del decreto delegaban decisiones en la Secretaría de Transformación del Estado, lo que colocaba la estabilidad del personal bajo discrecionalidad administrativa, contradiciendo el marco legal vigente.

Antecedente reciente: el caso del INTI

El mismo juzgado ya había dictado una cautelar contra los cambios en el INTI, que también estaban contemplados en el decreto 462/2025. En ese caso, la magistrada resolvió suspender la aplicación de medidas que implicaran reubicaciones, cesantías o supresión de estructuras por seis meses.

Un escenario abierto

Con el rechazo parlamentario y la cautelar judicial, el futuro de la reforma del INTA queda en suspenso. Para los gremios, se trata de una victoria en defensa de un organismo clave para la innovación tecnológica del agro argentino. Para el Gobierno, en cambio, representa un freno a su plan de reordenamiento del Estado.