El llamado "escandalo Retenciones 0%" suma un capítulo judicial. Luego de la breve suspensión de los derechos de exportación a los granos, que se agotó en menos de tres días con un cupo de US$7000 millones, un abogado que prefirió el anonimato presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Agricultura Sergio Iraeta. La presentación también apunta a las principales agroexportadoras que concentraron el negocio: Bunge, LDC, Cofco, Viterra y Cargill.

El planteo judicial acusa a funcionarios y empresas de administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en perjuicio del Estado. Según la denuncia, las exportadoras registraron en apenas dos días Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 19 millones de toneladas, equivalente a casi un tercio de lo que exportan en un año. De esa manera, lograron asegurarse operaciones con retenciones cero, aunque al comprarle a los productores trasladaron solo parcialmente la mejora de precios, quedándose con una ganancia extraordinaria.

El esquema, aseguran, provocó un perjuicio fiscal estimado entre US$1000 y 1500 millones. El malestar en el sector productor fue inmediato: mientras el precio de la soja tuvo un repunte momentáneo de alrededor del 15%, los chacareros advirtieron que la medida solo benefició a un puñado de exportadores. "El campo esperaba un alivio histórico y terminó con una sensación de estafa", fue la conclusión que se replicó en distintas entidades rurales.

La denuncia también cuestiona dos resoluciones dictadas en esos días por la Secretaría de Agricultura, que ampliaron el alcance del beneficio. La primera limitaba la exención a operaciones posteriores al 23 de septiembre, pero la segunda extendió la ventaja incluso a embarques previos, ampliando la ventana para las exportadoras y profundizando el daño al fisco.

Lo particular del caso es que la denuncia surgió desde dentro de la propia administración pública, según se filtró, como única vía para exponer la maniobra sin sufrir represalias. Ahora el expediente quedó en manos del fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quien deberá definir si eleva la causa a los tribunales de Comodoro Py.

El trasfondo político y económico es evidente: el Gobierno buscaba generar divisas rápidas en un contexto de alta volatilidad cambiaria. Pero para el productor argentino, que sigue presionado por la brecha cambiaria y las retenciones al 26%, la medida terminó siendo una nueva muestra de que las reglas del juego siguen favoreciendo a los grandes jugadores del comercio exterior.