La relación entre el Gobierno y el campo argentino vuelve a transitar un momento de tensión. La Mesa de Enlace mantendrá este lunes, a las 15, un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Agricultura para definir lineamientos sobre el INTA, pero las entidades esperan aprovechar la reunión para plantear el malestar que dejó la fugaz suspensión de las retenciones, medida que duró apenas tres días antes de que se alcanzara el cupo de US$7000 millones fijado por el Ejecutivo.

El trasfondo es claro: el sector esperaba que la baja de los derechos de exportación se convirtiera en un esquema más estable, pero la rápida carrera de los exportadores para anotar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por más de 19,5 millones de toneladas, concentradas en apenas siete grandes compañías, dejó a miles de productores afuera de la ventana de oportunidad. El resultado fue un fuerte enojo en el interior productivo y nuevas críticas hacia la política agropecuaria del gobierno de Javier Milei.

La situación generó un repunte momentáneo en los precios. El primer día, la soja llegó a subir hasta US$60 por tonelada en el mercado de futuros y tocó en pesos los $505.000 por tonelada, aunque luego se estabilizó en torno a los $460.000, un nivel superior al previo pero muy por debajo de lo que los analistas proyectaban como techo de mercado. Para muchos, la mejora fue insuficiente y se perdió la oportunidad de un verdadero alivio financiero para el productor.

Desde Federación Agraria Argentina (FAA) fueron tajantes: calificaron la medida como una "transferencia brutal" de los productores a un puñado de exportadores, beneficiados en cuestión de horas. En la misma línea, Carbap denunció que el precio percibido por los chacareros quedó en promedio 40 dólares menos por tonelada respecto de lo que deberían haber recibido sin derechos de exportación.

El tema abre, además, una discusión jurídica. La polémica por las DJVE reavivó el debate sobre la ley Martínez Raymonda (26.351), que exige a los exportadores demostrar la tenencia del grano en caso de registrarse operaciones sospechosamente anticipadas a cambios en las retenciones. Aunque algunos analistas sostienen que no se aplica en este escenario puntual, el malestar por la velocidad con que se agotó el cupo mantiene vivo el reclamo.

Con este telón de fondo, la reunión prevista por el INTA -donde se busca redefinir su estructura y el rol de su Consejo Directivo- aparece como la oportunidad para que el agro vuelva a poner sobre la mesa la cuestión de las retenciones. Para los productores, la discusión es central: más allá de las señales coyunturales, reclaman previsibilidad, reglas claras y un esquema que no siga castigando la competitividad argentina frente a países vecinos como Brasil, que apuestan por políticas más estables para su agroexportación.

En definitiva, lo que ocurra esta semana puede marcar el pulso de la relación entre el Gobierno y el campo en un contexto donde las expectativas de precios internacionales, la brecha cambiaria y la necesidad de divisas vuelven a cruzarse en el tablero. Para el agro, la suspensión de las retenciones fue un sueño demasiado breve; ahora, la pregunta es si el diálogo con Agricultura podrá abrir una ventana hacia medidas más duraderas.