El campo argentino se encuentra nuevamente ante un escenario de alta incertidumbre fiscal. El vencimiento del alivio transitorio de los Derechos de Exportación  (DEX) anunciado por el Gobierno en enero revive un viejo conflicto estructural: la tensión entre presión impositiva y competitividad. Esta vez, sin embargo, la discusión va más allá del reclamo sectorial. Se discute, en el fondo, el tipo de país que Argentina quiere ser.

A partir del 1° de julio, las alícuotas de retenciones volverían a sus niveles históricos: 33% para el poroto de soja y 31% para la harina y el aceite. Este retorno genera una enorme inquietud en toda la cadena agroindustrial. Desde el productor hasta el exportador, pasando por las industrias procesadoras, el consenso es claro: sin una reforma estructural, la competitividad está condenada.

Un referente empresarial del sector avícola, en plena organización del Día de la Avicultura, sintetizó el malestar: "El año que viene tiene que haber una gran reforma impositiva y laboral". Su visión, cercana a la del oficialismo, destaca que la verdadera batalla del país se librará en 2026, tras las elecciones legislativas. El sector necesita, según él, un marco jurídico y fiscal que trascienda los gobiernos y permita desarrollar un modelo productivo competitivo y federal.

En su comparación, puso como ejemplo a Brasil, cuya industria avícola -con políticas sostenidas a lo largo del tiempo- genera hoy más dólares que el sector automotor. La diferencia está, justamente, en la visión de largo plazo y en la menor carga tributaria que enfrenta la producción en ese país.

El regreso de las retenciones y la falta de definiciones

En este contexto, entidades rurales como la Sociedad Rural Argentina (SRA) y confederaciones regionales han pedido públicamente que se mantenga la rebaja de retenciones. Sin embargo, el Gobierno no ha dado señales claras. Apenas el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que lo anunciado fue sólo un esquema "transitorio" y que "todavía no hay ninguna determinación" definitiva.

El malestar es evidente. Desde Córdoba, el Distrito 4 de la SRA emitió un comunicado durísimo:

"En 2023, el consenso era unánime: las retenciones son un robo. Hoy, queda claro que el propio gobierno no cumplió su compromiso asumido ante el sector. Nos responsabilizan por sostener variables macroeconómicas, pero esas variables no mejoraron desde enero."

El campo señala que la estrategia del alivio temporal no es distinta a la del "dólar soja" creado por Sergio Massa: un incentivo de corto plazo que fuerza al productor a liquidar para que ingresen divisas al Banco Central, sin resolver los problemas de fondo.

Transferencia de recursos sin retorno: el reclamo federal

Las cifras son contundentes. Desde el aumento de las retenciones en 2002, el agro transfirió al Estado más de US$200.000 millones. Ese dinero -aseguran desde el interior- no volvió en forma de infraestructura, caminos rurales, escuelas, hospitales ni conectividad digital. El agro genera dólares, pero no recibe los beneficios de un país integrado.

En este punto, el debate adquiere una dimensión estratégica. No se trata simplemente de aliviar una carga fiscal para un sector "privilegiado", como se lo acusa desde algunos sectores del oficialismo, sino de establecer un modelo de desarrollo que premie la producción, el agregado de valor y el arraigo en el interior profundo.

El Gobierno y su ambigüedad fiscal

Durante la campaña presidencial de 2023, Javier Milei afirmó que las retenciones eran distorsivas y que su plan consistía en eliminarlas progresivamente. Incluso propuso usarlas como anticipo del Impuesto a las Ganancias, para que no sean una doble imposición. Sin embargo, esa propuesta nunca fue reglamentada ni puesta en marcha.

Hoy, el argumento oficial es que "aún no están dadas las condiciones macroeconómicas" para concretar la baja. Mientras tanto, se avanza en la liberación del cepo cambiario, la reducción del gasto público y la desburocratización del Estado. Pero esas medidas -valiosas en sí mismas- no compensan, según el agro, el costo de mantener un sistema impositivo que penaliza la exportación y desalienta la inversión productiva.