La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio por finalizado el régimen de "retenciones cero" tras cumplirse la meta de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por U$S 7.000 millones. Desde este jueves volvieron a regir los derechos de exportación habituales: 26% para la soja y 9,5% para maíz y trigo, entre los productos más relevantes de la canasta agroexportadora.

La medida, que buscó acelerar la entrada de divisas en un contexto de necesidad fiscal y cambiaria, generó fuertes críticas del sector rural. Las entidades señalaron que los productores prácticamente no pudieron aprovechar el esquema, que quedó concentrado en manos de las grandes exportadoras. Según advirtieron, esas empresas adelantaron las liquidaciones que requería el Gobierno y ahora están en condiciones ventajosas para comprar granos en el mercado interno a precios más bajos.

Un informe de FyO mostró que el grueso de los beneficios quedó en manos de cinco multinacionales que lideraron el ranking de DJVE durante esos días. Aunque el listado difundido no detalló públicamente los nombres, en el mercado se señala a Cofco, Aceitera General Deheza (AGD), Louis Dreyfus Company (LDC), Molinos Agro y Cargill como las compañías que más aprovecharon la ventana. La soja y sus derivados, principalmente harina y poroto, encabezaron el volumen de operaciones, seguidos por el trigo.

Durante el Seminario Acsoja en Rosario, varios referentes de estas empresas celebraron el régimen transitorio. Alfonso Romero, de Cofco, subrayó que "en un entorno de precios bajos la competitividad es muy importante. Todo suma para ser competitivos como país". En la misma línea, Luis Fontán, de AGD, señaló que la medida "marca una tendencia hacia donde se quiere ir" y remarcó la necesidad de mejorar la eficiencia estructural.

El final del esquema dejó un sabor amargo en el ruralismo, que lo consideró un instrumento hecho a medida de las grandes cerealeras. Sin embargo, desde el Gobierno y el sector exportador se defiende la iniciativa por el ingreso inmediato de dólares y por el efecto positivo en la competitividad externa.

El episodio volvió a poner sobre la mesa un viejo debate argentino: cómo diseñar políticas agroexportadoras que equilibren las necesidades fiscales con los incentivos para productores y empresas, y que permitan aprovechar mejor las oportunidades de un mercado mundial que sigue demandando alimentos.