El debate en torno a las retenciones sumó un capítulo caliente en el Congreso. El diputado nacional Esteban Paulón, del socialismo santafesino, presentó un proyecto de resolución para interpelar al titular de la Agencia de Recaudación de Contribuciones Agropecuarias (ARCA), Juan Pazo, a raíz de las resoluciones 184 y 185/2025 que habilitaron la presentación de Declaraciones Juradas de Exportación (DDJJ) con retenciones del 0%. 

La medida, que apenas se sostuvo durante 72 horas, fue calificada por la oposición como una maniobra que puso en jaque el déficit cero que el Gobierno de Javier Milei defiende como bandera, al tiempo que benefició a grandes cerealeras en desmedro de los productores.

En los fundamentos del proyecto, Paulón sostuvo que esta decisión impacta de lleno en el Presupuesto 2026, que el Ejecutivo presentó recientemente y que incluso fue defendido por el propio Presidente en cadena nacional con un fuerte tono electoral. La iniciativa, acompañada por la diputada Mónica Fein, busca que el funcionario explique cuáles fueron los mecanismos implementados para garantizar que la producción declarada exista al momento de las DDJJ, tal como establece la Ley Martínez Raymonda, y de qué manera se asegura que los beneficios de las retenciones cero alcancen efectivamente a los productores argentinos, quienes son los verdaderos generadores de la riqueza nacional.

El legislador cuestionó además que la medida no estuvo pensada para los productores, sino que respondió a un preacuerdo con los grandes actores concentrados del negocio agroexportador. "Duró apenas tres días y permitió que las cerealeras adelantaran declaraciones de exportación, obteniendo una ganancia extraordinaria de 1.600 millones de dólares", afirmó. Según Paulón, esos dólares que ingresaron al país -cerca de 7.000 millones- no se volcaron a mejorar el entramado productivo, sino que se destinaron a contener la corrida cambiaria y darle oxígeno al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusó de "seguir timbeando".

La crítica también incluyó un cálculo político: el legislador señaló que el costo fiscal de esta medida equivale al 0,23% del PBI, un monto superior al necesario para financiar políticas sensibles como la Ley de Emergencia en Discapacidad, programas de salud o el sistema universitario. Para el socialismo, el Gobierno privilegió los intereses de las grandes empresas agroexportadoras por sobre necesidades urgentes del país.

Más allá de sus cuestionamientos, Paulón aclaró que no está en contra de la eliminación de las retenciones, pero subrayó que cualquier modificación de este tipo debe darse en el marco de una reforma tributaria integral que otorgue previsibilidad al sector y contemple de manera especial a los pequeños y medianos productores. De lo contrario, la política fiscal seguirá funcionando como un esquema de privilegios concentrados en unos pocos, mientras la mayoría de los actores del agro continúa expuesta a la incertidumbre.