El Gobierno anunció este lunes la eliminación temporal de las retenciones para las exportaciones de granos. La medida, vigente hasta el 31 de octubre, abarca a la soja, el maíz, el trigo, el girasol y otros cultivos. El objetivo oficial es claro: que el campo acelere la liquidación de divisas en un momento crítico para las reservas del Banco Central, que en la última semana vendió US$ 1.100 millones en medio de la tensión cambiaria.

La comunicación estuvo a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo que la decisión busca "generar mayor oferta de dólares durante este período". El plazo, que se extiende hasta cinco días después de las elecciones, tiene además una evidente lectura política: se trata de un incentivo directo para que el agro aporte divisas antes de la definición electoral. 

En la práctica, esta ventana de desgravación abre la posibilidad de un fuerte aumento en las exportaciones. Con precios internacionales que se mantienen relativamente firmes y con la reciente recuperación de las cosechas tras la sequía, el Gobierno apuesta a que la medida motive al productor a vender en lugar de seguir reteniendo mercadería a la espera de mejores condiciones cambiarias.

La eliminación temporal se inscribe en una serie de modificaciones que el Ejecutivo ya había aplicado este año. En julio, mediante el Decreto 526, se redujeron alícuotas en la cadena de granos y en la cárnica: el maíz y el sorgo pasaron del 12% al 9,5%, el girasol quedó en 5,5% para grano y en 4% para subproductos, y la soja bajó al 26% en grano y al 24,5% en derivados (desde el 33% y 31% previos). El trigo y la cebada mantuvieron un 9,5% de retenciones.

Según datos oficiales, en 2024 los volúmenes exportados de productos agroindustriales crecieron un 56%, con un 26% más en valores. En junio, las ventas de trigo aumentaron un 29%, las de girasol un 26% y las de maíz y aceite de soja un 4%. Esa performance fue utilizada por la administración para defender la baja de alícuotas como un camino de estímulo a la producción y al comercio exterior.

El impacto de esta suspensión de retenciones dependerá de la reacción del sector productivo. Para muchos productores, el alivio tributario representa una oportunidad de mejorar márgenes en una campaña que viene golpeada por los altos costos de insumos y la incertidumbre cambiaria. Sin embargo, persisten dudas sobre la sostenibilidad de la medida y sobre qué pasará después del 31 de octubre.

La Mesa de Enlace ya había logrado a principios de año un esquema de reducción temporal de DEX para aliviar el impacto de la sequía, aunque esa concesión venció en julio. Ahora, el Gobierno redobla la apuesta con una eliminación total, pero limitada en el tiempo. La pregunta que se hacen en el campo es si conviene aprovechar este período para vender o esperar definiciones políticas y económicas tras las elecciones.

El sector agroexportador aporta cerca de US$ 48.000 millones anuales, con el 75% proveniente de granos y carnes. Esa centralidad explica la presión oficial para acelerar la liquidación de divisas. En un contexto de brecha cambiaria amplia, la eliminación de retenciones se convierte en un intento de alinear incentivos para que el productor comercialice.

La medida puede darle un aire al Banco Central, pero deja abierta la discusión de fondo: ¿se trata de un cambio estructural en la política agroexportadora o de un alivio temporal con fines fiscales y electorales? Para los productores, el dilema es el mismo de siempre: vender hoy con menos impuestos o esperar un dólar más competitivo mañana.

Lo que está en juego no es menor. La campaña agrícola necesita previsibilidad, y el sector demanda hace años una reforma de fondo que garantice reglas claras. Mientras tanto, la decisión de levantar las retenciones hasta fin de octubre pone otra vez al agro argentino en el centro del tablero económico y político.

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