La histórica cooperativa láctea SanCor atraviesa el punto más crítico de una crisis que lleva más de siete años. Desde 2017, la firma arrastra problemas financieros, deudas salariales y pérdida de competitividad, que la obligaron a vender activos, reducir personal y operar principalmente bajo la modalidad fasón. Hoy, la supervivencia de la empresa depende de una decisión judicial clave: el juez Guillermo Adrián Valés, del Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, deberá definir si aprueba el plan de rescate propuesto por la cooperativa o si acepta el pedido de quiebra con continuidad productiva impulsado por el gremio lácteo ATILRA.

Durante la última audiencia, el sindicato rechazó de manera formal el plan de crisis que SanCor presentó la semana pasada, que contemplaba una reducción del 32,5% del personal, la venta de activos improductivos y un nuevo esquema de negocios basado en el procesamiento de leche para terceros. La empresa argumenta que ese modelo permitiría reducir costos y generar ingresos para recuperar la estabilidad operativa, pero el gremio considera que la propuesta "carece de sustento económico y laboral". Según señalaron los representantes sindicales, SanCor no cuenta con recursos suficientes para pagar salarios ni sostener su nivel de actividad, lo que vuelve inviable el plan.

El abogado de ATILRA, Alberto Coronel, explicó que la figura de quiebra con continuidad productiva busca mantener la producción bajo control judicial, preservando las fuentes de trabajo y evitando el desmantelamiento de las plantas. "Cuando se decreta una quiebra, el juez puede autorizar que la empresa siga funcionando mientras se buscan nuevos operadores", detalló. De acuerdo con datos gremiales, la cooperativa adeuda el 70% de los haberes de mayo y la totalidad de los correspondientes a los meses siguientes, además del medio aguinaldo.

Por su parte, desde SanCor defienden su plan de reestructuración como la única alternativa viable para "ordenar las cuentas y garantizar la continuidad productiva". Afirman que los acuerdos de procesamiento con terceros ya están en marcha y que el objetivo es normalizar los pagos salariales a medida que se recupere la actividad. También recordaron que, desde 2017, la empresa atravesó un profundo proceso de reconfiguración que incluyó la venta de plantas y marcas, además de retiros voluntarios.

La definición del juez Valés será determinante para el futuro de una cooperativa que fue emblema de la lechería argentina y que hoy lucha por sobrevivir. Mientras el gremio insiste en la necesidad de una administración judicial que garantice los puestos de trabajo, la empresa busca ganar tiempo para reordenar su estructura y evitar la liquidación forzada. En el centro del conflicto, cientos de trabajadores esperan una resolución que marque si SanCor podrá reinventarse o si se encamina a un cierre definitivo.