El expresidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que confirme la legalidad de sus aranceles globales, impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. La decisión del máximo tribunal podría convertirse en uno de los fallos económicos más influyentes de la última década: se estima que están en juego billones de dólares en flujos comerciales.

La apelación, presentada con pedido de trámite acelerado, busca que los argumentos se escuchen en noviembre, con la expectativa de un fallo antes de fin de año. Un revés para Trump reduciría la actual tasa arancelaria media de EE.UU. del 16,3% a la mitad y obligaría a devolver decenas de miles de millones de dólares a importadores.

El punto central es si el presidente puede usar una ley diseñada para emergencias nacionales como herramienta para imponer impuestos de importación a gran escala. El Tribunal de Apelaciones ya había dictaminado que no, dejando en suspenso su fallo para dar lugar a la revisión del Supremo.

La Constitución estadounidense otorga el poder arancelario al Congreso, pero Trump argumenta que la facultad de "regular importaciones" incluye la potestad de establecer aranceles. De ser aceptada esa interpretación, cualquier presidente tendría una capacidad casi ilimitada de modificar la política comercial alegando "emergencias económicas".

Los aranceles en disputa incluyen los del llamado "Día de la Liberación" del 2 de abril, que fijaron gravámenes del 10% al 50% sobre la mayoría de las importaciones. Fue el mayor aumento de impuestos a la importación desde la ley Smoot-Hawley de 1930.

Para países exportadores como México, Canadá, Brasil y la Argentina, la definición será clave: un fallo favorable a Trump consolidaría un escenario de proteccionismo estadounidense, tensionando cadenas de valor agroindustriales y acuerdos bilaterales.

En el caso argentino, el efecto se amplifica por la alta dependencia de la soja, el maíz y la carne vacuna en los flujos hacia China y otros mercados. Si EE.UU. eleva o mantiene sus aranceles, podría distorsionar precios internacionales y reacomodar destinos de exportación en el Mercosur.

El fallo también será un test para un tribunal dominado por jueces conservadores, que hasta ahora se ha mostrado receptivo a los reclamos de Trump. La Casa Blanca argumenta que sin estos aranceles, Estados Unidos quedaría "rehén" de las represalias comerciales extranjeras.

Pero los críticos señalan que un déficit comercial no constituye una "amenaza extraordinaria" que habilite medidas de emergencia. De validarse el criterio de Trump, cualquier futura administración podría usar el mismo argumento para imponer nuevos aranceles sin límites claros.

Un escenario de aranceles más altos en EE.UU. podría generar oportunidades indirectas para el agro argentino en algunos mercados donde los productos norteamericanos pierdan competitividad. Sin embargo, también aumentaría la volatilidad de los precios internacionales y la incertidumbre en las negociaciones globales, especialmente con China y la Unión Europea.

En un contexto en el que la Argentina busca diversificar exportaciones y mejorar su inserción internacional, la definición del Supremo en Washington no es un detalle menor: puede reordenar la estrategia de todo el Mercosur y condicionar los márgenes de maniobra en las próximas campañas agrícolas.