La Comisión Europea anunció que flexibilizará la entrada en vigor de su Reglamento Antideforestación (EUDR), una norma clave que impacta en productos como la soja, la carne, el cacao y la madera. La decisión llega tras reconocer que el sistema informático diseñado para controlar la trazabilidad de las importaciones no está preparado para procesar la enorme carga de información que demanda la ley.

La medida busca, según Bruselas, garantizar una transición fluida y evitar el colapso administrativo ante un volumen de operaciones "mucho mayor al previsto". Por eso, la Comisión propuso que las micro y pequeñas empresas europeas tengan un año adicional para adaptarse: podrán aplicar la norma recién a partir del 30 de diciembre de 2026. En tanto, las medianas y grandes compañías deberán cumplir con la fecha original, 30 de diciembre de 2025, pero contarán con un período de gracia de seis meses sin sanciones ni controles estrictos, que en la práctica implicará una implementación gradual hasta mediados de 2026.

El proyecto también introduce una "simplificación drástica" de las obligaciones de información. A partir de la modificación, solo será necesaria una única declaración de diligencia debida en el sistema informático, presentada por el primer operador que coloque el producto en el mercado europeo. Los actores de las etapas posteriores -como fabricantes, procesadores o minoristas- ya no deberán presentar nuevas declaraciones, lo que reduce significativamente la burocracia.

La Comisión Europea pidió al Parlamento y al Consejo que aprueben la modificación antes de fin de 2025. Si eso no ocurre, advirtió que el reglamento entrará en vigor el 30 de diciembre de 2025 sin cambios, y que ya se están elaborando planes de contingencia por posibles retrasos. Según el comunicado oficial, la propuesta "simplificará las obligaciones de información, en particular para los micro y pequeños operadores primarios de países de bajo riesgo, manteniendo un sistema de control robusto".

En Argentina, la noticia fue bien recibida por el sector exportador. Desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) destacaron que "la cadena de la soja está lista para cumplir con las nuevas exigencias ambientales" y que el país avanza con herramientas propias para garantizar trazabilidad.

"La Comisión de la Unión Europea propone reprogramar la entrada en vigor del reglamento solo para pymes europeas y no aplicar sanciones en los primeros seis meses, pero ratifica que los requisitos regirán desde el 1° de enero de 2026. La cadena sojera argentina está lista para cumplir, gracias al esfuerzo de todos sus eslabones", señalaron desde Ciara-CEC.

El complejo sojero local lleva años trabajando en plataformas como ViSeC (Visión Sectorial del Gran Chaco), una iniciativa que reúne a empresas, organismos públicos y ONG para monitorear el origen de la producción y asegurar que no provenga de zonas deforestadas.

"Podemos construir una plataforma creíble y confiable como ViSeC. Seguiremos trabajando con la Cancillería para lograr que la Argentina sea considerada un país de riesgo bajo y que ViSeC obtenga reconocimiento formal en Europa. Además, insistimos en eliminar el requisito de segregación, que es innecesario", agregaron desde la entidad.

El Reglamento Antideforestación de la UE (EUDR) fue aprobado en 2023 como parte del Pacto Verde Europeo y establece que los productos que ingresen al bloque deben demostrar que no provienen de áreas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, con respaldo de geolocalización precisa. Su objetivo es reducir la huella ambiental de las importaciones, pero también impone nuevas barreras técnicas y administrativas a países productores.

La norma preocupa a América Latina, especialmente a Argentina, Brasil y Paraguay, grandes proveedores de soja y carne. En el caso argentino, el desafío pasa por compatibilizar las exigencias ambientales con la competitividad exportadora, en un contexto marcado por la presión impositiva, la brecha cambiaria y los costos logísticos.

Aun así, los exportadores locales ven una oportunidad: si el país logra ser reconocido como "de bajo riesgo", podrá simplificar sus certificaciones y reducir los costos de cumplimiento, ganando terreno frente a competidores. La prórroga propuesta por Bruselas da tiempo para ajustar sistemas y consolidar mecanismos de trazabilidad, pero también marca el inicio de una nueva etapa donde el valor ambiental será tan determinante como el precio o la calidad.

Mientras Europa busca resolver sus problemas técnicos, la Argentina se prepara para demostrar que puede competir con sustentabilidad y tecnología. En palabras del sector, el objetivo es claro: exportar más, pero también mejor.