La pelea entre el Gobierno y Biogénesis Bagó, líder histórico del mercado de la vacuna contra la fiebre aftosa, sumó un nuevo capítulo. El juez federal Enrique Lavié Pico rechazó la medida cautelar presentada por la compañía, que buscaba suspender la aplicación de tres resoluciones del Senasa (333/25, 338/25 y 525/25), claves en la política de desregulación y apertura a las importaciones de productos veterinarios.

El fallo fue celebrado con euforia por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que desde hace más de un año mantiene un enfrentamiento abierto con el laboratorio. "Parece un chiste", escribió el funcionario en la red X, aludiendo a los argumentos de la firma que cuestionaban las normas oficiales.

Según Sturzenegger, Biogénesis recurrió a la Justicia como "último bastión" para no perder un dominio de mercado que considera artificial. "El mercado de la vacuna aftosa estuvo monopolizado durante más de dos décadas gracias a regulaciones que impedían la competencia", señaló el ministro, quien además acusó a la empresa de vender la dosis en Argentina a un precio muy superior al de países vecinos.

Biogénesis Bagó había argumentado que las resoluciones del Senasa eran "nulas de nulidad absoluta", porque -según su planteo- vulneraban normas de jerarquía superior y generaban riesgos sanitarios al equiparar el ingreso de insumos complejos, como una vacuna antiaftosa, con el de productos menores, como un champú veterinario. Para la firma, el procedimiento de equivalencia regulatoria abría la puerta a que ingresen medicamentos elaborados en países sin estándares de buenas prácticas de manufactura, lo que representaría un "perjuicio irreparable" para la sanidad animal.

El juez, sin embargo, consideró que la empresa no acreditó la verosimilitud de los derechos invocados ni aportó pruebas sólidas sobre un eventual daño sanitario. En su resolución, ratificó que el Senasa es competente para fijar los criterios de autorización de productos veterinarios y que las normas cuestionadas se ajustan a esa facultad legal.

La pulseada tiene como trasfondo un mercado millonario: cada año se aplican en Argentina alrededor de 80 millones de dosis de la vacuna contra la aftosa, con un valor estimado de más de 150 millones de dólares. Biogénesis Bagó, perteneciente al grupo Sigman, ha sido el actor dominante, aunque en los últimos años se sumaron CDV y, más recientemente, Tecnovax, que intenta ingresar con producción desde Brasil.

Para facilitar esa competencia, el Gobierno eliminó la exigencia de que la vacuna fuera tetravalente (con cuatro cepas, dos de las cuales ya no se usan en el mundo) y habilitó la versión bivalente, estándar internacional. Además, mediante resoluciones recientes, se simplificó la importación de vacunas y otros insumos veterinarios desde países considerados "equivalentes", incluyendo a los socios del Mercosur.

La reacción de Sturzenegger tras el fallo judicial fue inmediata: "Celebramos que el juez haya denegado la cautelar, argumentando lo obvio: que corresponde al Senasa gestionar la sanidad animal del país. Cuando la casta está a punto de perder sus privilegios, recurre a la Justicia. Biogénesis Bagó no fue la excepción", escribió en X.

UN PASO MÁS CERCA DE AHORRARLE 50 MILLONES DE DÓLARES A LOS ARGENTINOS. Como he ido comentando en varias ocasiones, Argentina tiene un problema serio de competencia en la provisión de la vacuna aftosa, un insumo importante para la producción ganadera. El mercado está dominado por una empresa: Biogénesis Bagó. Hasta hace un año la competencia era casi imposible porque se exigían cuatro cepas, dos de las cuales no existían en el mundo hace décadas (aunque sí parece que estaban en el laboratorio de Biogénesis Bagó). Informado el presidente @JMilei de esta anomalía, en pocas horas revirtió a una versión de dos cepas, que es la que se usa en todo el mundo. Sin embargo, la normativa era enrevesada no solo por el tema de las cuatro cepas, sino por un conjunto de otras normas (yo lo llamo redundancia regulatoria) que han ido bloqueando, en este año, la entrada de nuevos competidores. Con el secretario coordinador de Producción @PALavigne83 y las autoridades del @SenasaAR, hemos ido laboriosamente eliminando esas barreras, una por una. Como he dicho en reiteradas oportunidades, cuando la casta se encuentra pronta a perder sus privilegios, recurre a la Justicia como último bastión. Biogénesis Bagó no fue la excepción y presentó un pedido de cautelar sobre las últimas disposiciones de @SenasaAR, presentándose como una suerte de autoridad sanitaria de la República. Su pedido, si no estuviera de por medio el elevadísimo costo de la vacuna en relación con la de otros países, sería cómico, porque argumenta "que las resoluciones generan un perjuicio para sus derechos y garantías constitucionales, en particular, el de igualdad, propiedad y competir en el mercado sin distorsiones". Parece un chiste viniendo de una empresa que se vio favorecida por una norma que le daba prácticamente la exclusividad de un mercado por más de dos décadas. Celebramos que el juez Lavié Pico haya denegado la medida cautelar, argumentando lo obvio: que corresponde a @SenasaAR la gestión, evaluación y autorización de las medidas de sanidad animal del país. Es imperativo que el sector empresario entienda que el presidente @JMilei vino a cambiar de raíz los privilegios que anidaban en nuestro sector productivo y que imponían costos innecesarios a los 47 millones de argentinos. En este caso estos costos son fáciles de estimar: un ahorro de 60 centavos por dosis para 84 millones de dosis da unos 50 millones de dólares anuales que ahorraríamos los argentinos en el costo de la carne. Hoy, la Justicia estuvo del lado de esos 47 millones de argentinos. VLLC!

El ministro también reiteró sus cálculos de ahorro: si la apertura genera competencia y se reducen los precios, los productores pagarían hasta 50 millones de dólares menos al año en vacunas, un costo que -según el Gobierno- termina trasladándose al consumidor final en el precio de la carne.

Por ahora, Biogénesis Bagó evitó hacer declaraciones públicas tras el revés judicial. Pero la disputa promete seguir: el laboratorio todavía puede apelar y, en paralelo, el Senasa avanza con cambios en el plan nacional de vacunación, que a partir de 2026 reducirá la cantidad de categorías obligatorias a inmunizar, con un ahorro adicional estimado en 25 millones de dólares para el sector ganadero.

En un contexto donde el Gobierno busca acelerar la apertura de mercados y recortar regulaciones, el enfrentamiento entre Sturzenegger y la principal farmacéutica veterinaria del país se convierte en símbolo de la batalla oficial contra lo que llama "privilegios corporativos". Y la vacuna contra la aftosa, insumo clave para la ganadería argentina, quedó en el centro de la escena.