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Valdés exige informes sobre el costo fiscal y los beneficios a cerealeras

El diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno explique cuánto perdió el Estado con el decreto 682/2025. Denunció que la medida "regaló recursos públicos" y generó un "escenario de concentración de beneficios".

La polémica por las retenciones cero al agro sigue creciendo en el Congreso. Ahora fue el diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria - CABA) quien presentó un proyecto de resolución para exigir al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre el impacto fiscal de la medida establecida en el decreto 682/2025, que redujo al 0 % los Derechos de Exportación (DEX) para mercaderías del complejo agroindustrial.

Valdés solicitó que el reporte sea elaborado en conjunto por el Ministerio de Economía, la Secretaría de Bioeconomía, la AFIP y el Banco Central, y que incluya datos precisos sobre las empresas exportadoras que registraron Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) bajo el régimen de alícuota cero, el tipo de mercadería involucrada, las posiciones arancelarias, los volúmenes declarados y, sobre todo, el monto total de retenciones no percibidas por el Estado.

En los fundamentos, el legislador señaló que si bien el Gobierno defendió la medida como un mecanismo para incentivar la liquidación de divisas y fortalecer reservas, en la práctica derivó en "un escenario de concentración de beneficios y pérdida significativa de recursos fiscales, sin que el Estado implementara mecanismos adecuados de control".

"El presidente dijo que quería fortalecer las reservas, pero en realidad regaló recursos públicos. Lo que debería haber ingresado al Tesoro terminó engordando las cuentas de un puñado de exportadoras", denunció Valdés, quien además subrayó que la medida significó un costo fiscal superior a los 1.500 millones de dólares en concepto de retenciones no cobradas.

El diputado agregó que la falta de requisitos como la tenencia efectiva del grano al momento de registrar las DJVE facilitó prácticas especulativas ya advertidas en el pasado y que motivaron la sanción de la Ley Martínez Raymonda. "La ausencia de controles y revisiones adecuadas no solo implicaría una pérdida recaudatoria, sino también un quiebre de equidad en la política pública", advirtió.

Valdés remarcó: "Queremos saber nombres y montos. Queremos saber quién se benefició y cuánto perdió el Estado. Es claro que el presidente gobierna para las grandes cerealeras y no para el pueblo argentino".

El proyecto fue acompañado por otros diputados de Unión por la Patria, entre ellos Daniel Gollán, Agustina Propato, Marcela Passo, Pablo Todero, Hilda Aguirre, Eugenia Alianiello, Jorge Araujo Hernández, Jorge Romero y Nancy Sand, lo que muestra la intención de instalar el tema como una bandera de la bancada opositora.

La ofensiva parlamentaria se suma a las críticas previas de distintos espacios políticos, que coinciden en señalar que las retenciones cero funcionaron más como una transferencia de ingresos a las grandes exportadoras que como un incentivo real para los productores. Ahora, el desafío será determinar si el Gobierno responde con transparencia al pedido de informes o si mantiene bajo reserva los detalles de quiénes fueron los verdaderos ganadores de la medida.

Agrolatam.com
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