Las entidades rurales respondieron con dureza: "Desconoce la realidad del interior productivo".

El campo estalló tras una serie de declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que cayeron como una bomba sobre las principales entidades rurales. En menos de 48 horas, el funcionario cuestionó el rol del INTA, minimizó el impacto de las retenciones en la producción de soja y puso el foco en la falta de propiedad intelectual en semillas como causa del estancamiento productivo frente a Brasil. La respuesta del agro fue inmediata y contundente.

Todo comenzó durante su exposición en el 42° Congreso del IAEF, donde Sturzenegger argumentó que, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, Brasil multiplicó su producción de soja no por eliminar retenciones, sino por reconocer derechos de propiedad sobre desarrollos genéticos. "Brasil pasó de 50 a 150 millones de toneladas de soja, mientras que nosotros seguimos estancados en 45 millones. Y no son las retenciones necesariamente", lanzó.

Las redes explotaron. El mensaje fue interpretado como una relativización del impacto fiscal sobre el agro. Al día siguiente, en una entrevista, el ministro intentó aclarar: "Si yo bajo los impuestos pero no bajo el gasto, ¿de dónde saco la guita?". Y agregó que la baja impositiva debe ir acompañada por un ajuste del Estado. "La motosierra es lo que permite bajar impuestos sustentables", justificó.

En esa línea, sostuvo que el eventual fin de las retenciones no modificaría sustancialmente la producción, aunque sí aumentaría el precio de los campos y los alquileres. "Vinimos a hacer el trabajo difícil. Por eso eliminamos el impuesto PAIS a fertilizantes, desregulamos importaciones y permitimos traer maquinaria usada. Eso también es apoyar al campo", se defendió.

Pero fue su referencia al INTA lo que encendió otra mecha. "¿Ustedes sabían que el INTA gasta $400.000 millones, tiene 6000 empleados, 3000 vehículos y no se sabe muy bien qué hacen?", preguntó, en tono irónico. Las palabras se filtraron rápidamente y generaron rechazo incluso dentro del propio sistema científico-técnico del agro.

Desde Federación Agraria Argentina (FAA), su presidenta Andrea Sarnari salió al cruce: "Las retenciones son un impuesto regresivo y de uso discrecional. En más de 22 años no volvieron al productor ni en infraestructura ni en tecnología". Y recordó que Brasil y Argentina tienen regímenes similares de propiedad intelectual sobre semillas, por lo que, según dijo, la clave no es legal sino estructural: "El problema es el costo país".

En defensa del INTA, Sarnari advirtió que "preocupa que se intente quitar su autonomía, lo que sería un retroceso para los productores". También cuestionó la idea de que el Estado intervenga directamente en su gobernanza: "Eso debilita su visión estratégica más allá de los gobiernos de turno".

En el mismo tono, CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) emitió un comunicado lapidario: "Decir que el campo no genera empleo y que los DEX no frenan la producción es desconocer el interior productivo. A lo largo de los años, nos han sacado más de USD 200.000 millones en derechos de exportación".

El texto agrega que esa cifra representa un tercio del PBI nacional y denuncia que los DEX han sido un freno sistemático a la inversión y al desarrollo rural. "Desconocemos si estas declaraciones son fruto de desinformación o de mala fe", concluyeron.

En un contexto donde el Gobierno busca consolidar su política de ajuste y simplificación del Estado, la relación con el agro -aliado natural del oficialismo- atraviesa una zona de turbulencia. Las diferencias sobre el modelo productivo, el rol del Estado y la carga fiscal vuelven a tensar la cuerda. 

El campo pide reglas claras, previsibilidad y reconocimiento. Sturzenegger, en cambio, exige coherencia entre los reclamos y el gasto público. El debate está abierto. Y, como en tantas otras ocasiones, se libra sobre la tierra.