Vicentin: la Justicia frena su plan de pagos y abre la puerta al salvataje por terceros
Un fallo clave de la Cámara de Rafaela declaró "abusiva" la propuesta de la agroexportadora y habilitó el cramdown. En diez días, podrían presentarse nuevos interesados para rescatar a la empresa.
La saga judicial de Vicentin sumó un nuevo capítulo que podría definir su futuro. La Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela confirmó esta semana que el plan de reestructuración de deuda presentado por la agroexportadora no es viable: lo calificó de "abusivo" y "violatorio del principio de igualdad" entre acreedores. El fallo ratifica así lo dispuesto por el juez Fabián Lorenzini y la Corte Suprema de Santa Fe, y habilita formalmente la apertura del cramdown, una etapa decisiva en la que otras compañías podrán intentar hacerse cargo de la firma.
La resolución, firmada por los jueces Duilio Hail, María José Álvarez Tremea y Pablo Lorenzetti, desestimó el recurso de Vicentin y validó la impugnación de Commodities S.A., empresa vinculada a la corredora Grassi. Esta firma encabezó desde el principio el reclamo de los acreedores disconformes, denunciando que el acuerdo con mayoría de firmas aceptantes escondía inequidades profundas y transfería riesgos financieros a los damnificados sin garantizar la viabilidad futura de la empresa.
El fallo marca un punto de inflexión: no sólo rechaza la homologación y confirmó que no puede ser homologado en el marco de la Ley de Concursos y Quiebras. sino que tambien deja habilitada la instancia de cramdown, una etapa clave del proceso concursal en la que terceras empresas o inversores podrán presentar propuestas para quedarse con el control de Vicentin o parte de sus activos.
El tribunal, integrado por los jueces Duilio Hail, María José Álvarez Tremea y Pablo Lorenzetti, respaldó los argumentos del juez de primera instancia Fabián Lorenzini y de la Corte Suprema de Santa Fe, que ya habían cuestionado la legalidad y la equidad del acuerdo. La Cámara remarcó que el plan de pagos violaba el principio de igualdad entre acreedores, omitía la conformación de categorías según el tipo y monto de crédito, y trasladaba riesgos financieros excesivos a los damnificados.
Uno de los ejes de la sentencia fue la impugnación presentada por Commodities S.A., empresa vinculada a la corredora Grassi, que lidera el grupo de acreedores disconformes. Su reclamo había sido rechazado en primera instancia, pero ahora fue considerado legítimo y admitido. En consecuencia, Vicentin fue condenada a pagar las costas del proceso tanto en primera como en segunda instancia.
Con este fallo, se abre un plazo de diez días para que eventuales interesados presenten propuestas de salvataje. Entre los nombres que podrían competir en esta etapa se mencionan nuevamente a Bunge, Viterra, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), y la propia Grassi, que ya estaría armando una oferta junto a un grupo inversor.
Mientras tanto, y a pesar del escenario judicial adverso, la firma logró reactivar parcialmente su operación industrial. Gracias a un acuerdo impulsado por la intervención judicial y el gobierno de Santa Fe -encabezado por Maximiliano Pullaro y el ministro de Trabajo Roald "Coco" Báscolo-, ocho empresas se comprometieron a aportar granos durante seis meses para garantizar la continuidad productiva y sostener el empleo de más de mil trabajadores.
Así, mientras los engranajes industriales vuelven a girar en las plantas de Avellaneda, la pulseada judicial y financiera por el destino de Vicentin sigue abierta. En los próximos días, se sabrá si alguna oferta concreta logra rescatar a una de las empresas más emblemáticas del agro argentino o si se encamina, finalmente, hacia la quiebra.