Históricamente considerado un pilar de la investigación y la extensión en el agro argentino, el organismo perderá su carácter de ente autárquico y se convertirá en un ente "desconcentrado" dentro de la órbita de la Secretaría de Agricultura.

El cambio implica que el INTA dejará de administrar su propio presupuesto y pasará a depender financieramente del Poder Ejecutivo. Esta medida, enmarcada en la política de ajuste estructural del gobierno de Javier Milei, también afecta al INTI, el INV y el Inase, instituciones clave para la cadena de valor agroindustrial.

Menor representación del campo y recorte institucional

Uno de los cambios más sensibles es la disolución del actual Consejo Directivo del INTA, donde participaban representantes del sector privado agropecuario, universidades y el Estado. En su lugar, se creará un Consejo Técnico con funciones limitadas y cuyos miembros actuarán ad honorem. Se reducirá la cantidad de integrantes de 10 a 7, eliminando representantes clave como los de Aacrea y de las facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias.

Esto representa un retroceso en la participación institucional del campo dentro del organismo, ya que las decisiones estratégicas serán centralizadas por el presidente del INTA, que continuará siendo designado por el Poder Ejecutivo y con jerarquía de secretario.

Nuevas funciones y control centralizado

Según el borrador del decreto, se modificará el artículo Nº4 del decreto-ley 21.680 y se añadirá un nuevo artículo 4 bis. El Consejo Técnico tendrá la misión de definir lineamientos científicos y evaluar proyectos, pero sin facultades presupuestarias ni ejecutivas. La caja pasará a ser manejada por la Secretaría de Agricultura.

El presidente del organismo tendrá funciones ampliadas: gestionar bienes, proponer la estructura organizativa, dictaminar reglamentos internos y aprobar los planes de trabajo.

Impacto en la ciencia agropecuaria y reacción del sector

El INTA ha sido clave para el desarrollo de tecnologías de siembra directa, mejoras genéticas, sanidad vegetal y animal, buenas prácticas agrícolas (BPA) y sistemas de trazabilidad. Su rol en la sustentabilidad y la innovación ha sido determinante para la competitividad del campo argentino.

Desde el sector agropecuario, las entidades representadas han expresado preocupación por la pérdida de representación real en la definición de políticas de investigación y extensión rural. Se alerta sobre una posible "politización" del INTA, con menor autonomía para responder a las necesidades productivas regionales.

Retos, oportunidades y el futuro del INTA

Aunque el Gobierno argumenta que la reforma busca eficiencia y reducción de gastos, voces técnicas y académicas advierten sobre los riesgos de debilitar una institución clave para el desarrollo agrícola. La posibilidad de retiros voluntarios masivos y la centralización de decisiones podría afectar la calidad y continuidad de los proyectos.

El desafío estará en que el INTA logre mantener su prestigio y capacidad técnica, a pesar de los recortes y de una estructura más vertical. El campo argentino necesita de instituciones robustas, con visión federal y articulación con los productores.

Mientras el Gobierno apuesta a la eficiencia mediante la concentración administrativa, el agro mira con cautela los efectos que podría tener sobre la investigación aplicada y el desarrollo territorial. Lo que está en juego no es solo un organigrama, sino la capacidad del país para sostener una política de ciencia y técnica al servicio del campo y la seguridad alimentaria.