El reciente conflicto en torno a la resolución 460/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) reaviva una preocupación histórica en el sur argentino: la preservación del estatus de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. Productores agropecuarios de Santa Cruz, nucleados en la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), presentaron una acción de amparo judicial solicitando la nulidad de la medida que autoriza el ingreso de cortes bovinos con hueso plano a la región.

Esta situación desató un enfrentamiento legal y político con implicancias productivas, sanitarias y comerciales, poniendo en juego un logro zoosanitario alcanzado con años de esfuerzo, inversión y cumplimiento de estrictas normas por parte de los ganaderos patagónicos.

El conflicto: la resolución 460/2025 del Senasa

La disposición cuestionada por los productores permite, por primera vez desde 2002, el ingreso controlado de carne bovina con hueso plano (como el asado) desde zonas del país donde se vacuna contra la aftosa hacia la Patagonia. El Gobierno asegura que la medida no modifica el estatus sanitario de la región ni permite el ingreso de cortes con hueso largo, y que se aplicará bajo estrictas condiciones de trazabilidad.

Sin embargo, FIAS considera que esta flexibilización vulnera derechos constitucionales y afecta de forma grave e irreparable el estatus sanitario reconocido internacionalmente, que diferencia a la Patagonia como zona libre de aftosa sin vacunación. Esta condición ha sido clave para la exportación de carne y reproductores a mercados exigentes como la Unión Europea y Chile.

Riesgo sanitario y rechazo regional

El temor central es que la apertura aumente el riesgo de introducción del virus de la fiebre aftosa, lo que podría provocar la pérdida del estatus diferencial y cerrar mercados clave. De hecho, Chile ya reaccionó con la suspensión del ingreso de animales en pie y carne procedente de la Patagonia. Además, la Comisión Europea advirtió sobre la necesidad de realizar auditorías para verificar el mantenimiento de las garantías sanitarias.

FIAS no está sola: la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro también inició acciones legales. Ambas entidades acusan al Senasa y a la Secretaría de Agricultura, encabezada por Sergio Iraeta, de haber tomado la decisión sin la debida consulta al sector productivo ni evaluación de impacto ambiental, en infracción a las leyes vigentes.

Argumentos legales del amparo presentado

El recurso judicial presentado ante el Juzgado Federal de Río Gallegos sostiene que la resolución tiene "vicios de nulidad absoluta", se basa en fundamentos "falsos o contradictorios" y omitió el procedimiento de consulta pública que exige la Ley de Procedimientos Administrativos. Además, se argumenta que se violó el derecho de propiedad de los productores, quienes consideran el estatus sanitario como un activo con valor patrimonial concreto.

FIAS también cuestiona que el Gobierno afirmó falsamente que la Unión Europea y Chile no tenían objeciones a la medida, cuando los hechos demostraron lo contrario. La acción se completa con la denuncia de la falta de una evaluación de impacto ambiental, exigida por la Ley General del Ambiente.

Un tema con alto impacto para el sector ganadero patagónico

El conflicto está lejos de resolverse y plantea un desafío importante para la ganadería regional. Productores, técnicos y dirigentes rurales coinciden en que lo que está en juego no es solo la salud animal, sino también la continuidad de un modelo productivo basado en la diferenciación sanitaria, la trazabilidad y el acceso a mercados premium.

La situación exige un debate profundo sobre cómo equilibrar las necesidades del mercado interno con la defensa del patrimonio sanitario y comercial que ha posicionado a la Patagonia como una región ganadera de excelencia en el mundo.

Mientras el amparo judicial avanza, el reclamo de los productores patagónicos deja al descubierto tensiones de fondo sobre la gestión sanitaria, la participación del sector en las decisiones políticas y la necesidad de mantener políticas públicas coherentes con los compromisos internacionales. La defensa del estatus sanitario de la Patagonia se vuelve, una vez más, una bandera irrenunciable para el agro del sur argentino.