El Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei despertó una fuerte cautela en el sector agropecuario. Según el proyecto, los derechos de exportación (DEX) aportarán al fisco $9,97 billones, equivalentes a unos US$6800 millones, lo que representa un aumento del 22,8% respecto del año anterior. El dato no es menor: ubica a las retenciones como el cuarto impuesto en importancia, detrás del IVA, Ganancias y el tributo a los Créditos y Débitos.

En su mensaje en cadena nacional, Milei volvió a remarcar que el equilibrio fiscal es la piedra angular de su plan económico. Sin embargo, en el campo la lectura fue distinta: la proyección oficial de mayor recaudación por retenciones encendió la sospecha de que no habrá margen para nuevas bajas de alícuotas en 2026, a pesar de que en 2025 se habían aplicado reducciones permanentes sobre soja, maíz, trigo y sorgo.

Para el economista Ernesto Ambrosetti, hay al menos cuatro factores que pueden explicar el cálculo oficial: la suba en el valor internacional de las commodities, una mejora en la productividad agrícola, la modificación hacia arriba del tipo de cambio -estimado en $1423 por dólar para 2026 frente a los $1325 proyectados para 2025- y la inflación. Con todo, no descartó un escenario más polémico: "La maquiavélica sería que vuelvan a restituir los DEX que bajaron un 20%, pero políticamente me parece imposible", deslizó.

Otro análisis en la misma línea llegó desde Dante Romano, investigador del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral. Según explicó, el aumento en la recaudación "será por volumen y por la proyección de tipo de cambio" más que por cambios en la política tributaria. Pero advirtió que los precios actuales de la soja, en torno a los US$300 la tonelada, dejan muy poco margen al productor argentino, y que "el trigo en US$185 es negativo, mientras que el maíz en US$175 apenas muestra un respiro".

Más dura fue la analista Lorena D'Angelo, de la consultora AZ Group. Para ella, el cálculo del Gobierno "está fuera de la realidad de mercado", ya que para que se logre un incremento de 22,8% en los DEX, los precios internacionales deberían subir como mínimo un 30%, algo que hoy no aparece en el horizonte. Aun cuando se proyecta un repunte en la producción -con trigo superando los 20 millones de toneladas, maíz más de 60 millones y soja por encima de los 55 millones-, el panorama no alcanzaría para justificar semejante salto en la recaudación.

En el frente gremial, las reacciones fueron diversas. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, sostuvo que el Gobierno "viene cumpliendo con su compromiso de reducir tributos que afectan la competitividad del sector", y confió en que "en la medida en que las condiciones lo permitan, se seguirá en esa senda". Más prudente, Carlos Castagnani, titular de CRA, pidió "ver la letra chica del presupuesto" y descartó de plano un aumento de las alícuotas: "Eso está totalmente descartado. Queremos saber de dónde va a venir ese aumento que menciona Milei".

Desde Carbap, Ignacio Kovarsky lamentó que el proyecto no incluya un plan explícito de reducción de retenciones y reclamó un cronograma claro de baja de tributos. "No podemos quedarnos con la idea de que en todo 2026 no va a haber ningún tipo de baja de nada", advirtió. Aun así, valoró el tono presidencial: "Fue positivo que Milei insistiera en el déficit cero, sin dar un paso atrás en esa meta".

El trasfondo es claro: más del 90% de la recaudación por retenciones proviene del agro, por lo que cualquier variación en el esquema impositivo impacta de lleno en el sector. Mientras el Gobierno busca consolidar el equilibrio fiscal como señal hacia los mercados, el campo reclama certidumbre tributaria, competitividad y mejoras en infraestructura, dos aspectos que siguen siendo una deuda estructural para la producción y la logística exportadora.

En conclusión, el Presupuesto 2026 abre una nueva tensión entre la promesa de alivio fiscal y la necesidad de recaudar más. Para el agro, el verdadero interrogante no es solo si habrá una baja de retenciones, sino si la proyección oficial es sostenible con los precios internacionales y los volúmenes productivos que se avizoran. En definitiva, el sector mira con recelo lo que considera un optimismo oficial excesivo y espera señales más claras sobre el rumbo tributario para no quedar atrapado en un escenario de números ajustados, costos crecientes y competitividad en jaque.