Fueron con esperanza, pero volvieron con las manos vacías. La dirigencia rural de la Patagonia viajó a Buenos Aires en busca de respuestas ante la decisión del Gobierno nacional de mantener la Resolución 460/25, que flexibiliza el histórico estatus sanitario de la región. Sin embargo, la reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, solo profundizó la desazón. "Nos abandonaron", dijo entre lágrimas Nora Lavayén, presidenta de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro.

La normativa, publicada por SENASA en junio, habilita el ingreso de carne con huesos planos desde el norte del Río Colorado -zona libre de aftosa con vacunación- hacia la Patagonia, reconocida internacionalmente como zona libre sin vacunación. La diferencia no es menor: el cambio ya trajo consecuencias inmediatas. Chile cerró sus importaciones de carne y ganado en pie desde el sur argentino, afectando de lleno a Santa Cruz, Tierra del Fuego y otras provincias que tienen en ese mercado un destino clave para su producción ovina.

"Este no es un reclamo caprichoso: estamos poniendo en riesgo el estatus sanitario de un tercio del territorio nacional. Y si caen mercados como la Unión Europea o Israel, la producción ovina directamente no se puede sostener", advirtió Juan Uccelli, director ejecutivo de la Cámara de Frigoríficos Ovinos y Bovinos de la Patagonia (CAFROPAT).

Durante el encuentro en la Secretaría, las entidades rurales reclamaron no solo la derogación de la resolución, sino el cumplimiento estricto de los protocolos de maduración y empaque, y que se aclare la situación sanitaria de especies como el cerdo. Pero las respuestas fueron escasas. Apenas una promesa: que el Gobierno gestionará una auditoría con Chile.

"No tienen plan B", resumió Lavayén. "Y lo dijimos claro: si Chile rechaza la auditoría, los perjudicados vamos a ser nosotros."

En ese marco, las entidades hicieron un repaso de las medidas que golpearon al sector en el último año: eliminación de la Ley Ovina, desfinanciamiento del Prolana, falta de planes para el manejo del guanaco, del puma y del zorro colorado, y ahora, la pérdida de una barrera sanitaria que durante décadas fue orgullo y escudo productivo del sur argentino.

"Hay un bloque patagónico compacto: productores, industria y gobiernos provinciales coincidimos en el rechazo a la 460. Pero el Gobierno prioriza lo económico por sobre lo sanitario. Esa es la realidad", lamentó Uccelli.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que respaldó la gestión y participó de la reunión, emitieron un comunicado tras el encuentro. En él, cuestionaron con dureza al Ejecutivo:

"Pese a las severas advertencias de los productores, se mantuvo la resolución. Eso pone en jaque la sanidad, la producción y la apertura de mercados internacionales".